La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han trasladado al Ministerio de Justicia una propuesta de plan de choque para hacer frente al "deterioro estructural" que, a su juicio, sufre la Administración de Justicia por la escasez de jueces y de recursos frente a una litigiosidad en aumento.
Ambas organizaciones remitieron este martes un documento al departamento encabezado por Félix Bolaños "con el fin de fijar un diagnóstico compartido y plantear las actuaciones" que consideran "indispensables para afrontar el deterioro estructural que atraviesa la Administración de Justicia".
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, detallan que, mientras los pleitos siguen creciendo —un 15,6% solo en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del anterior—, las vacantes derivadas de jubilaciones, fallecimientos, bajas o permisos no se cubren al mismo ritmo al que se producen.
En esta línea, subrayan que "el propio Plan Estratégico del CGPJ para el decenio 2023-2032 señala que España necesita alrededor de 350 nuevos jueces al año para cubrir la reposición y garantizar un crecimiento mínimo de la planta" judicial, pero que "las convocatorias recientes --120 plazas en 2023, 120 en 2024 y 120 en 2025-- distan considerablemente de ese objetivo".
Recuerdan igualmente que "a ello debe añadirse que el CGPJ ha identificado un déficit estructural superior a 400 unidades judiciales, que no se compensa con las plazas creadas recientemente".
Además, traen a colación que, para desactivar la huelga anunciada en mayo de 2023, se pactó un "esfuerzo económico" de unos 10 millones de euros destinado a habilitar 100 nuevas plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal en las oposiciones de 2023 y 2024.
Sin embargo, critican que "se trata de un compromiso que a día de hoy no ha sido cumplido", pese a que, tal y como recalcan, "su cumplimiento no quedaba supeditado en modo alguno a la aprobación de una Ley de Presupuestos".
Como respuesta a esta situación, plantean una "reposición automática de todas las vacantes por jubilación y/o fallecimientos mediante la creación anual de tantas plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la carrera por la categoría de juez como jubilaciones o fallecimientos se hayan producido en el año anterior".
"Y ello, de forma adicional y complementaria a las plazas que estén ya previstas en los Presupuestos Generales del Estado aplicables a cada año respectivo", precisan en su propuesta.
Reclaman, asimismo, una "modificación presupuestaria extraordinaria", recordando que "la Ley General Presupuestaria permite varios mecanismos que habilitan crédito adicional para reforzar servicios públicos esenciales".
Alertan de que, sin estas decisiones urgentes, se "compromete la capacidad del Estado para garantizar un funcionamiento adecuado de la Justicia". En su opinión, "es imprescindible adoptar medidas que refuercen la planta judicial y permitan prestar un servicio público conforme a los estándares que la ciudadanía tiene derecho a esperar".