El inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía, Gonzalo Fraga, declaró ante la Audiencia Nacional que “no localizaron pagos” al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la “posible contratación” por parte del empresario Javier López Madrid para amenazar a la dermatóloga Elisa Pinto.
El mando policial compareció este martes como testigo en el juicio que se sigue contra López Madrid, Villarejo y el socio de este último, Rafael Redondo, por un supuesto delito de cohecho.
Interrogado por la Fiscalía, que decidió no presentar escrito de acusación, Fraga explicó que la unidad “identificó una posible contratación” realizada por López Madrid vinculada a la doctora Pinto a raíz de los oficios de entrada y registro practicados en los domicilios de Redondo y Villarejo.
No obstante, el inspector precisó que “no se localizaron pagos por esta posible contratación”. Tampoco aparecieron otros documentos “habituales”, como “informes que hacía CENYT, ni el presupuesto, ni hoja de encargo, ni contrato”.
Fraga detalló que en la documentación manuscrita intervenida “constan bastantes anotaciones” y destacó una nota en la que se leía “entrega 10 a cuenta”, fechada en un momento “significativo”, pocos días después del primer encuentro entre Villarejo y López Madrid. Aun así, subrayó que no han logrado “ubicar” ningún abono en esas fechas: “Se buscó, pero no se localizó”.
En respuesta a la abogada de la doctora, que ejerce la acusación particular, el agente explicó que “el esquema habitual de trabajo de CENYT” era la elaboración de “unos informes que se entregaban a los clientes” y de unas “notas internas” para uso interno de la agencia de investigación. “El informe general y el preliminar establecía un presupuesto. En este caso, no se localizó”, recalcó.
López Madrid niega haber pagado a Villarejo
En su declaración como acusado el lunes, López Madrid rechazó haber contratado a Villarejo para gestionar su conflicto personal con la doctora.
Relató que recibió “más de 1.500 llamadas” en ocho meses, “más otras tantas” su mujer, hijos y amigos, y atribuyó a Pinto la autoría de esas llamadas, supuestamente realizadas desde tarjetas de prepago y cabinas telefónicas.
Según su versión, tras contar lo ocurrido a un amigo, este le sugirió acudir a “un investigador privado”. El empresario indicó que, en 2012, acudió a la oficina de CENYT para tratar de resolver esta “dramática situación” en la que decía encontrarse.
La abogada de Pinto le preguntó por las “más de 60 llamadas” entre él y Villarejo. El acusado respondió: “Yo voy a ver a este señor como voy a ver a otros tantos señores que están en la causa. Y voy movido por un estado emocional y personal completamente destrozado. Voy buscando confort, voy buscando ayuda y gente que me escuche”.
López Madrid añadió que supo que Villarejo continuaba en activo en la Policía en 2017 y reiteró que el comisario jubilado “nunca” le reclamó dinero. “No hablamos de dinero”, insistió.
Pinto denuncia hostigamiento y acceso a sus datos
La acusación que representa a Pinto solicita 6 años de prisión para Villarejo y López Madrid por cohecho y 4 años para Redondo por su presunta participación como cómplice del comisario jubilado, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.
En ese documento, Pinto sostiene que López Madrid acudió “varias veces” a las oficinas de CENYT y que, en diciembre de 2013, el empresario se presentó en la consulta de la dermatóloga acompañado de Redondo, “que acudía en calidad de abogado”, según afirma.
La letrada subraya que aquella visita se produjo “con intención de hostigarla”. “La visita causó miedo en Elisa Pinto, que se sintió amenazada porque en ese momento no existía ninguna denuncia”, recoge el escrito.
La acusación añade que, desde 2014, Villarejo “se dedicó a hostigar” a la doctora “para evitar que denunciase” a López Madrid. En abril de ese año, cuando la mujer decidió denunciar al empresario, el comisario jubilado “accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial”, detalla.
En particular, la abogada sostiene que Villarejo “solicitó la ayuda de funcionarios policiales para emitir certificados que le permitieran retrasar” una rueda de reconocimiento en la que debía participar.