El magistrado de la Audiencia Nacional que dirige la investigación sobre un presunto fraude masivo en el sector de los hidrocarburos, en el que figura como investigado el empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto conseguidor del «caso Koldo», ha decidido prolongar el plazo de la instrucción hasta junio de 2026.
Según se recoge en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5, Santiago Pedraz, adopta esta medida para garantizar «el buen fin de la instrucción», ya que el ritmo de la causa dependerá de «la práctica de nuevas diligencias e, incluso, nuevas imputaciones».
El juez detalla que «dada la naturaleza de los hechos y delitos investigados, se han practicado numerosas diligencias», entre ellas registros en diversos domicilios y sedes sociales llevados a cabo en octubre y diciembre de 2024, tras los cuales acordó la prisión provisional de Aldama. Precisa además que sigue «pendiente» el informe policial definitivo sobre esas actuaciones.
Pedraz recuerda igualmente que se han emitido órdenes europeas de investigación dirigidas a Portugal y que toda la documentación intervenida continúa en fase de estudio y análisis.
En paralelo, se ha designado a funcionarios de la Agencia Tributaria «a fin de que procedan a la concreta cuantificación de las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública» y el magistrado recalca que aún «hay pendientes de práctica declaraciones tanto de investigados como de testigos».
La Fiscalía, en un escrito al que también ha tenido acceso esta agencia, respalda la ampliación de plazos al entender «que el análisis y estudio de toda la documentación que fue intervenida en las diligencias de entrada y registro está siendo muy laborioso». Por ello considera que «parece razonable que sea acordada la prórroga de la instrucción por un nuevo período de seis meses».
El juez de la AN ya había acordado el pasado 2 de junio una primera prórroga de la investigación, al quedar aún por revisar «numerosa» documentación relativa a un presunto fraude que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 231,7 millones de euros y que se habría desarrollado entre 2021 y 2024.
Esquema del presunto fraude de hidrocarburos
En uno de los atestados incorporados a la causa, la UCO describe el funcionamiento esencial de este tipo de fraude, que comenzaría cuando la organización criminal toma el control de una operadora mayorista de productos petrolíferos.
Dicha operadora acude a los depósitos fiscales, donde se almacena el combustible, para adquirir el producto. En esa fase solo abona los impuestos especiales, pero no el IVA. De acuerdo con la normativa, la empresa debe ingresar a Hacienda el IVA una vez que lo ha repercutido, es decir, cuando lo ha cobrado de las estaciones de servicio que compran el carburante con el IVA añadido.
Sobre esta base, el fraude consistiría en no ingresar el IVA repercutido, esto es, el IVA que las gasolineras minoristas pagan a la operadora. Y dado que esta apenas soporta IVA deducible, las cantidades que debería declarar se aproximan a la totalidad de lo repercutido, pero finalmente no se abonan a la Hacienda Pública.
Aunque ese es el modelo básico, la UCO apunta que, ante la presión de los tribunales y de las fuerzas de seguridad, las tramas han ido sofisticando su estructura y sus procedimientos, incorporando nuevas sociedades interpuestas al entramado.
El propósito, según recoge el informe, es «perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal» y «salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones», dado que la obtención de la condición de operador mayorista resulta especialmente compleja.