QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ordenó este miércoles la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso. La decisión se enmarca en una causa en la que se investiga si los tres habrían obtenido más de 700.000 euros en comisiones, “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones.
Así se recoge en una resolución del Juzgado Central de Instrucción Número 6, al que pertenece el juez Piña, y que dirige el procedimiento bajo secreto de sumario. El escrito se apoya en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según el juzgado, los tres investigados formarían parte de un grupo que se autodenomina “Hirurok” y que “podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”.
La resolución señala que, para “la perfección de este sistema”, los implicados habrían actuado de forma coordinada con el objetivo “de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones” mediante “contratación y facturación mendaz”, utilizando principalmente como vehículo la mercantil Mediaciones Martínez.
Los investigadores apuntan que la actividad del grupo se habría desarrollado “al menos entre 2021 y 2023”, extendiéndose “a distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas”, y que habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar “la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones”.
En el auto se detallan cinco operaciones en las que, presuntamente, habrían logrado decisiones favorables desde distintas administraciones “y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI”, organismo que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.
Rescate de Tubos Reunidos por parte de la SEPI
La primera operación descrita es la concesión de un rescate por parte de la SEPI a la compañía Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros. De acuerdo con la resolución, el grupo “Hirurok” habría llevado a cabo labores de “intermediación” para que se aprobara dicha ayuda, “percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez”.
Contrato de Mercasa a Servinabar
La segunda operación bajo sospecha se refiere a la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa a la sociedad Servinabar, propiedad de Alonso y en la que participaría el exdirigente socialista Santos Cerdán, por un importe de 18.119,75 euros. El encargo tenía como objeto “la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública”.
“Los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esta justificación, y por otro y al mismo tiempo, propiciaba un beneficio económico al grupo”, señala el juez, que califica de injustificada la adjudicación.
El auto añade que Mercasa contrató a Servinabar para que elaborara “un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa, cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede”.
Adjudicación del PEPA a la UTE de Erriberri
La tercera operación afecta a una adjudicación del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros. Según las pesquisas, los integrantes de “Hirurok”, a través del presidente de la mesa de contratación, habrían influido para beneficiar a la constructora Eriberri en el concurso.
Como contraprestación, la empresa habría canalizado hacia el grupo unos 400.000 euros, “haciéndolo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales”.
Pagos de Enusa al despacho SDP Carrillo y Montes
El juez también detalla supuestos pagos realizados por la empresa pública Enusa al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes. La operativa se habría producido cuando Acciona estaba interesada en adquirir dos explotaciones titularidad de Enusa: una incineradora en Melilla y una planta de tratamiento de residuos en Castellón.
Según la resolución, “varios directivos de la mentada empresa pública” y el grupo de los investigados habrían tenido “la capacidad de decidir sobre la contratación por parte de Enusa del despacho de abogados, con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación”.
La contratación habría generado sobrecostes “aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades de la órbita de ‘Hirurok’” y “se habrían materializado una serie de pagos por parte del referido despacho a Mediaciones Martínez” por 17.545 euros.
Ayuda de Sepides al grupo Forestalia
La quinta operación hace referencia a una ayuda concedida por Sepides a la sociedad Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia, por un importe de 17,32 millones de euros. En este caso, “se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del grupo ‘Hirurok’” que, como en otros episodios, se habrían canalizado a través de la sociedad Mediaciones Martínez.
Destino de los fondos e imputación de delitos
El juzgado sostiene que la mayor parte de los fondos obtenidos se destinaron a inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), “presumiéndose actualmente como inversiones comunes y, por lo tanto, ligados a los tres investigados”, aunque otra parte habría terminado “a los propios miembros del grupo de forma individual”.
El auto precisa que el volumen y la forma de cobro variaron según el destinatario, y apunta que el expresidente de la SEPI habría recibido “al menos 49.350 euros, a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo”.
Tras pasar a disposición judicial, el juez Piña acordó este sábado dejar en libertad a Díez, Fernández y Alonso, pero les impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el juzgado.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
