Este viernes, la Audiencia Nacional ha concluido y dejado pendiente de sentencia el caso de presuntas anomalías en las adjudicaciones de contratos públicos a la empresa Cofely, que alcanzan un valor de 224 millones de euros. Durante el proceso, gran parte de los implicados aceptaron los hechos a cambio de reducciones en sus condenas.
En la apertura del juicio sobre esta sección específica del caso de corrupción ‘Púnica’, más de 30 acusados, incluyendo a figuras como el constructor David Marjaliza, quien podría enfrentar hasta 7 años de cárcel, llegaron a 14 acuerdos de conformidad con la Fiscalía, junto con varios exalcaldes de localidades en Madrid.
En sus declaraciones, las defensas de los acusados confirmaron su adhesión a las acusaciones del Ministerio Público, que aplicó la atenuante de dilaciones indebidas en sus solicitudes finales. Marjaliza, por su parte, admitió durante el juicio que su papel era facilitar que Cofely obtuviera las adjudicaciones y confesó: “Llevo 30 años haciendo regalos”, además de conocer a todos en Valdemoro, desde los ciudadanos más humildes hasta los más influyentes.
UNA “PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL”
El magistrado instructor, ahora jubilado, acusó a 37 individuos de hasta ocho delitos, incluyendo organización criminal y fraude, entre otros. La investigación se centró en los contratos otorgados a Cofely en varios municipios madrileños, sumando casi 224 millones de euros.
En su resolución, el juez detalló cómo Marjaliza y su red utilizaron su influencia para asegurar contratos de eficiencia energética, ofreciendo sobornos a quienes adjudicaban los contratos. A pesar de los esfuerzos, el plan se consideró inviable en casi todos los ayuntamientos involucrados, especialmente tras la intervención judicial que desmanteló la red en 2014.