La Audiencia Nacional concluye el juicio contra Villarejo y Redondo por el ‘proyecto Saving’

La Audiencia Nacional ha finalizado el juicio a José Manuel Villarejo y Rafael Redondo por investigar irregularidades en Martinsa-Fadesa.

Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su llegada a un juicio en la sede de la Audiencia Nacional, a 18 de noviembre de 2024, en Madrid (España).Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

La Audiencia Nacional ha concluido el juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo, relacionado con el ‘proyecto Saving’. En este proyecto, se investigaron supuestas anomalías en el proceso de insolvencia de la empresa constructora Martinsa-Fadesa desde una firma privada.

El fiscal César de Rivas, en su alegato final, ha argumentado que Villarejo utilizó su posición en la policía para obtener este encargo, exigiendo por ello penas de 23 años y seis meses de prisión para Villarejo, y 18 años y nueve meses para Redondo. De Rivas ha enfatizado que el acusado realizaba en su ‘faceta privada’ las mismas funciones que en su rol público.

“NO HABLAMOS DE UN JAMÓN”

El fiscal ha criticado que Villarejo realizara actividades privadas que coincidían con sus deberes como comisario sin ninguna autorización, actuando en contra de los principios de su cargo. “Cuando un comisario en servicio activo del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, solicita 500.000 euros a un cliente por llevar a cabo una investigación privada, desde luego que se compromete el buen nombre y el prestigio que debe ostentar la Administración, la recta imparcialidad, cuando el funcionario corrompido se deja llevar por móviles ajenos a su función”, ha advertido De Rivas.

VILLAREJO: “LA LEY DEL MERCADO”

Por su parte, Villarejo ha negado haber empleado recursos policiales, defendiéndose que su trabajo era un encargo privado. Su defensa ha solicitado la absolución, argumentando la falta de pruebas y describiendo la acusación como una ‘construcción artificiosa’. El abogado de Redondo también ha pedido la absolución, destacando el significativo beneficio que supuso para el cliente.

CONFLICTO POR LAS ACCIONES

El fiscal ha detallado que Moya contrató a Villarejo en 2011 para investigar irregularidades sospechosas en el concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa, con el objetivo de recuperar una inversión significativa en acciones. Anticorrupción ha señalado que Moya pagó 501.500 euros a Grupo CENYT por estos servicios, a través de varias transferencias, intentando ocultar la naturaleza del encargo en las facturas.

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