QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El órgano judicial de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha determinado que la esposa e hijos del guardia civil José Manuel Arcos, fallecido en octubre de 2018 en Huétor Vega (Granada) por un disparo en línea de deber, recibirán más de 334.200 euros de compensación. Esta suma, establecida anteriormente en una sentencia, será cubierta por el Ministerio del Interior tras la declaración de insolvencia del condenado por el homicidio del agente.
La resolución, que fue revocada el 18 de octubre de 2022 por la Subsecretaría del Ministerio del Interior, ha sido anulada por no ajustarse a derecho, reconociendo así el derecho al cobro de las sumas demandadas, según documentos consultados por Europa Press y fechados el 24 de septiembre pasado.
La normativa vigente sobre compensación por daños personales a un guardia civil extiende su aplicación a los herederos en caso de fallecimiento, aplicando el principio de indemnidad, según detalla la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN.
Javier López y García de la Serrana, abogado de la familia Arcos y director de HispaColex, ha resaltado la importancia de esta ‘novedosísima sentencia’ que también beneficiará a otras cinco familias de guardias civiles, cuyas reclamaciones están en proceso. La sentencia introduce una interpretación innovadora del principio de indemnidad, que asegura compensación por daños sufridos en servicio cuando el agresor es insolvente.
Además de la familia Arcos, se verán beneficiadas las familias de dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso, entre otros. La sentencia, sujeta a recurso de casación, se dictó tras deliberación el 23 de septiembre.
La Audiencia Provincial de Granada había condenado al asesino del agente, apodado ‘Kiki’, a 22 años y medio de cárcel. Tras declarar su insolvencia, la familia recurrió al Ministerio del Interior, que inicialmente rechazó la petición, no considerando a la familia como ‘víctimas directas’. Sin embargo, esta interpretación ha sido contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que ha llevado a la reciente decisión judicial favorable a la familia del agente.
