QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Francisco de Jorge, magistrado de la Audiencia Nacional, ha decidido liberar a dos individuos arrestados en Las Palmas, quienes enfrentaban acusaciones por la supuesta venta de información personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros políticos. Sin embargo, se les ha impuesto medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, que incluyen la prohibición de abandonar el país y la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal.
Tras una audiencia este jueves en la Audiencia Nacional para revisar su situación tras ser aprehendidos el martes, fuentes jurídicas confirmaron esta información a Europa Press.
DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
Los implicados son dos jóvenes nacidos en 2006 que también están bajo investigación por la posible filtración de datos de varios periodistas, según fuentes policiales citadas por Europa Press. La policía ha indicado que el principal detenido sería el responsable de la filtración de datos personales de importantes figuras del Estado y del Gobierno. Utilizando la notoriedad de estas revelaciones, habría comercializado de manera ilegal el acceso a bases de datos con información sensible. El segundo detenido habría ayudado en la monetización de estas actividades.
La investigación comenzó al detectarse filtraciones de información personal a través de varios canales de difusión y redes sociales, donde los mismos perfiles que publicaban los datos se jactaban de poseerlos y de su capacidad para comercializarlos, representando un «con el consiguiente peligro para la seguridad nacional», como lo describió la policía en una nota de prensa.
COBRO MEDIANTE CRIPTOMONEDAS
La estructura operativa de los detenidos para sus actividades ilícitas incluía transacciones con criptomonedas para mantener el anonimato y complicar el rastreo de los fondos, reportó la policía.
Las arrestos se realizaron en una operación dirigida por la Audiencia Nacional, investigando un presunto delito de terrorismo y/o contra autoridades del Estado, actualmente bajo secreto de sumario. Esta operación fue llevada a cabo por la Comisaría General de Información y contó con la colaboración del CNI y las Brigadas Provinciales de Información de Madrid y Las Palmas, coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 1.
