La Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Francisco de Jorge, ha comenzado a investigar a José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, acusado de contrabando y colaboración en un posible delito de lesa humanidad o genocidio. Esta investigación surge por la comercialización de acero hacia Israel Military Industries (IMSI) sin la aprobación requerida por el Gobierno español.
Este viernes, se reveló que además de Jainaga, otros dos altos cargos de la empresa están siendo investigados. El magistrado ha retirado el secreto sobre el caso, permitiendo así el acceso a los detalles de las acusaciones.
El juez afirma que los implicados eran plenamente conscientes de que el comprador era un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y que el acero suministrado sería utilizado en la producción de armamento. Además, se destaca que la operación se efectuó sin la autorización gubernamental necesaria y sin el debido registro, según un informe de la Comisaría General de Información del 10 de septiembre.
Los tres implicados han sido convocados a declarar el 12 de noviembre, tras una denuncia presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.














