QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde este lunes, la Audiencia Nacional (AN) está evaluando las acciones del comisario retirado José Manuel Villarejo, su socio Rafael Redondo y varios exmiembros de la policía, acusados de investigar indebidamente al empresario de Marbella, Felipe Gómez Zotano. Este caso surge a petición de Marzena Katarzina para desarrollar una estrategia legal en un conflicto inmobiliario.
La Fiscalía Anticorrupción, según documentos de Europa Press, ha imputado a los acusados por cohecho pasivo y revelación de secretos, solicitando nueve años de prisión para Villarejo.
Otros implicados en el caso, como el exinspector Constancio Riaño y Antonio Bonilla, enfrentan penas de ocho años y cuatro años y nueve meses respectivamente, dentro del ‘caso Tándem’. Enrique García Castaño, aunque inicialmente implicado, no será juzgado debido a una incapacidad mental sobrevenida después de un ictus en mayo de 2022.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
El encargo inicial de Katarzina fue asumido por Villarejo el 24 de julio de 2015, supervisando personalmente la investigación y las acciones legales contra Zotano, a través de la empresa Stuart & McKenzie del Grupo CENYT. Este conflicto derivaba de un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre una propiedad en Benhavís, Málaga.
La investigación, liderada por Villarejo con la colaboración de otros encausados, culminó con un informe presentado en el juzgado de Marbella. Durante la investigación, se accedió a datos confidenciales del empresario.
Según la Fiscalía, el 18 de agosto de 2015, Riaño facilitó la obtención de un informe de actividad de Zotano, que incluía documentos notariales, enviándolo a CENYT a través de Bonilla. También se consultaron datos policiales de Zotano sin realizar pagos directos a los encausados, aunque sí se establecieron honorarios basados en los resultados de las acciones legales.
