La Audiencia Nacional (AN) ha decidido prolongar la prisión provisional de Álvaro Romillo, el empresario que aportó 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, investigado por una presunta estafa piramidal vinculada a la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC), al considerar que persiste un elevado riesgo de fuga.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal fundamenta su postura en la “ingente capacidad económica” de la que dispone en el extranjero, lo que, según el tribunal, le permitiría residir “holgadamente” en países donde podría eludir eventuales órdenes internacionales de detención.
Los jueces de la Sección Cuarta rechazan así el recurso interpuesto por Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, contra la decisión del magistrado instructor, José Luis Calama, que el pasado 7 de noviembre ordenó su ingreso en prisión provisional sin posibilidad de fianza.
La resolución de la Sala de lo Penal detalla que, en el marco de la investigación, se han detectado transferencias por un total de 12.935.000 euros en una cuenta bancaria en Singapur. Dicha cuenta habría recibido más de 29 millones de euros procedentes de otra radicada en un Banco de Portugal, que supuestamente utilizaba el investigado para canalizar y desviar el dinero aportado por los inversores.
Desde esa cuenta, añade el auto, se habrían enviado aproximadamente 18 millones de dólares a otra cuenta bancaria situada en Tailandia, lo que refuerza para el tribunal la existencia de una compleja red internacional de movimientos de fondos.
Patrimonio en el extranjero y fondos en criptomonedas
El tribunal subraya, además, que Romillo dispone de propiedades inmobiliarias, vehículos de alta gama y embarcaciones en diversos países. A ello se suma la localización de una cuenta de criptomonedas a su nombre con un saldo superior a 7 millones de euros, de los que solo él tendría capacidad de disposición.
“No cabe duda que todo ello son indicios objetivos que incrementan no sólo el riesgo de fuga, sino también la posibilidad de destrucción o de ocultación de pruebas del entramado societario supuestamente formado y creado por el investigado para el desvío de fondos, pues muchas de estas sociedades y las operaciones de desvío y ocultación de fondos se encuentran en el extranjero dispersas en diferentes países”, recoge la resolución.
En la misma línea, los magistrados consideran que resulta “absolutamente necesario proceder a su localización y bloqueo, y averiguar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas, medidas que se verían frustradas o, al menos, dificultadas si el investigado se encontrara en libertad”.
“Ya que hoy día, con los medios telemáticos podría seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros países”, añaden los jueces en el auto.
Penas elevadas y protección del patrimonio
El tribunal recuerda igualmente que los delitos que se atribuyen a Romillo conllevan penas superiores a 9 años de prisión y que podrían alcanzar hasta los 16 años. Esa previsión de condena, unida al volumen de dinero y bienes que tendría fuera de España, “hacen presumir razonablemente el riesgo de fuga para tratar de evitar el cumplimiento en el futuro de una larga pena de prisión”.
El auto apunta también a la posibilidad de que el investigado intente borrar el rastro de las operaciones presuntamente fraudulentas y obstaculizar la incautación de las ganancias derivadas de ellas, lo que le permitiría contar con más recursos en el extranjero para ocultarse.
Según la Sala, la prisión provisional contribuye además a dificultar la desaparición del patrimonio ligado al delito y facilita, en la medida de lo posible, que se pueda resarcir a los afectados por la operativa de MIC.
La vista sobre la prisión provisional
Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que, en la vistilla celebrada este jueves, la fiscal de Anticorrupción Mar Scharfhausen sostuvo que se mantienen los motivos que justificaron el ingreso en prisión: el riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas.
En esa misma comparecencia, la acusación popular ejercida por Zaballos Abogados apoyó la postura de la Fiscalía, resaltando que aún quedan siete millones y medio de euros en criptoactivos a los que Romillo podría acceder y que no han sido recuperados.
En esta línea, las mismas fuentes explican que la acusación popular advirtió de que continúa pendiente esclarecer la trazabilidad de importantes sumas de dinero a las que ‘CryptoSpain’ podría llegar en caso de quedar en libertad.
La vista, que se inició a las 11.00 horas y se prolongó alrededor de media hora, fue señalada por la Sala de lo Penal como respuesta al recurso presentado por el empresario contra su entrada en prisión.
Una “organización criminal creada y dirigida” por Romillo
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó la prisión provisional sin fianza para Romillo un día después de ordenar su arresto para “prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia” y “asegurar” su puesta a disposición judicial.
El juez se refirió a una “organización criminal creada y dirigida” por Romillo, a raíz del hallazgo de una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al empresario.
Calama sostuvo que concurrían tanto riesgo de fuga como riesgo de destrucción de pruebas, al tiempo que recalcó que se trata de “hechos que presentan caracteres de delito sancionados con pena superior a dos años de prisión” y con miles de afectados.
En concreto, el instructor cifró en 3.062 el número de inversores perjudicados por la plataforma MIC, de los cuales 2.976 “desembolsaron un total de 185.511.947,76 euros”.
Asimismo, el magistrado precisó que el dinero que los inversores ingresaban en las cuentas facilitadas por la plataforma MIC “no eran destinadas a las inversiones o compras” de criptomonedas, sino que eran “directamente desviadas a otras cuentas del entramado societario” presuntamente articulado por Romillo.