QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Audiencia Nacional ha decidido extender por seis meses adicionales la investigación relativa a la posible implicación de líderes de ETA en el atentado al cuartel de Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002, motivado por la necesidad de interrogar a varios antiguos miembros del grupo terrorista.
La decisión fue tomada por el Juzgado Central de Instrucción Número 1, a instancias de la Fiscalía y la acusación ejercida por la asociación Dignidad y Justicia, según un auto al que tuvo acceso Europa Press.
El juez Francisco de Jorge ha determinado que ‘resulta evidente la imposibilidad de finalizar la investigación’ en este mes de agosto, considerando ‘razonable y realista’ su extensión hasta febrero de 2026. Además, ha destacado la necesidad de realizar los interrogatorios a los investigados y evaluar ‘la pertinencia’ de testimonios propuestos por la acusación popular.
En una providencia reciente, De Jorge ha programado por videoconferencia las declaraciones de los ‘investigados-querellados’ para los días 20 y 21 de octubre, incluyendo a Ignacio Miguel Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’; Javier García Gaztelu, ‘Txapote’; Juan Antonio Olarra Guridi, ‘Juanvi’; Asier Oyarzabal Chapartegui, ‘Baltza’; Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’; Ainhoa Múgica Goñi, ‘Olga’; Mikel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’; Vicente Goicoechea Barandiara, ‘Willy’; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, ‘Ramontxo’, y María Soledad Iparraguirre Guenechea, ‘Anboto’.
ASESINATO DE UNA NIÑA
La investigación actual de la AN se centra en la presunta responsabilidad de la cúpula de ETA en un ataque que resultó en el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego, de 57 años.
Según el anterior juez instructor, Manuel García Castellón, ‘desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, sujeta a una férrea disciplina cuasi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA’ como una forma de ‘presión y castigo’ en respuesta al proceso para ilegalizar Batasuna. En 2012, la Audiencia Nacional condenó a Andoni Otegi Eraso, ‘Iosu’, y Óscar Celarain Ortiz, ‘Peio’, a 843 años de cárcel por ser los autores materiales del ataque. Además, el año pasado, García Castellón procesó a ‘Mikel Antza’ y ‘Ramontxo’ por presuntos delitos de asesinato terrorista.
