QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Audiencia Nacional (AN) tiene previsto decidir este sábado si decreta prisión provisional o deja en libertad a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, arrestados por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
A partir de las 10.00 horas, los tres detenidos comparecerán ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares a imponer.
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en cumplimiento de órdenes dictadas por el magistrado instructor, que mantiene la investigación bajo secreto de sumario.
El procedimiento se sigue a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y en él se analizan posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
El juez ordenó registros y requerimientos de documentación en Madrid, Sevilla y Zaragoza vinculados con sociedades relacionadas con Servinabar, la compañía que —según las pesquisas de la UCO— estaría conectada con Cerdán.
Los agentes inspeccionaron las oficinas de Forestalia en Madrid y Zaragoza. También acudieron a la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para solicitar información sobre su actividad y contratos.
Además, la Guardia Civil se presentó en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recabar expedientes. Este último departamento precisó que los agentes reclamaron dos expedientes administrativos que fueron entregados “con total colaboración”, subrayando que “fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos”.
Junto a estos tres detenidos figura igualmente como investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según comunicó este viernes el PSPV. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press elevan a más de una docena el número total de personas investigadas en estas diligencias.
Díez y su relación con empresas dependientes de la SEPI
La exmilitante socialista también está imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en otra causa instruida por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, en la que se le atribuye haber ofrecido favores a cambio de información sobre miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
En esa investigación, el juez Artuzo Zamarriego sostiene que la exconcejal del PSOE “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” destinada a “recabar información comprometida o irregular” con el objetivo de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”.
Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el magistrado que mantuvo dos encuentros con Cerdán, pero aseguró que fueron reuniones en calidad de periodista y que no mantiene vínculo alguno con el partido ni ofreció contraprestaciones. Asimismo, detalló su trayectoria profesional, explicando que en 2018 se incorporó a Enusa, donde permaneció hasta 2021, cuando pasó a Correos con una excedencia voluntaria para ocupar el puesto de jefa de Relaciones Institucionales. Ambas compañías dependen de la SEPI.
Pagos de Servinabar a Vicente Fernández
En cuanto a Fernández, fue designado por el Gobierno como presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo al que renunció en octubre de 2019 tras ser imputado en el “caso Aznalcóllar”, relativo al supuesto amaño del concurso internacional para la explotación de la mina, causa en la que finalmente resultó absuelto este año.
Su nombre figura en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del “caso Koldo”, relativa a la situación fiscal de Servinabar.
Según esos informes, Fernández percibió de la mercantil un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. Además, consta que en 2022 se le practicaron retenciones por importe de 40.800 euros.
La segunda imputación de Alonso en el caso Koldo
Alonso, administrador único de Servinabar, también figura como investigado ante el Tribunal Supremo en la pieza del “caso Koldo” sobre la presunta trama de amaños en obra pública.
En su comparecencia del pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario rechazó haber abonado comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones, negó que Cerdán forme parte de la empresa y admitió pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista en proyectos de construcción privados anteriores a 2017.
Alonso defendió que siempre ha sido socio único de Servinabar, restando validez al contrato privado de compraventa intervenido por la Guardia Civil en el que se indica que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de la compañía, que obtuvo obras del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.
