QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha emitido un auto que solicita la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) que aceptaron en parte los recursos de amparo de varios ex altos funcionarios de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el caso ERE. Esta medida busca “evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” y “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.
En un documento fechado el 14 de julio y notificado el martes a las partes implicadas, la Sección Primera también decide “suspender la tramitación de la causa, en lo que se refiere a la ejecución de los mandatos contenidos en las sentencias del Tribunal Constitucional, y respecto de los acusados a que se refiere esta cuestión prejudicial, hasta obtener la respuesta demandada” del TJUE.
Los jueces expresan preocupación por que las sentencias del TC “sin haber llevado a cabo ponderación alguna de los intereses de la UE en juego, resulten contrarias al Derecho de la Unión y los Tratados y a la interpretación que de ellos ha realizado la jurisprudencia del TJUE, atenten contra el principio de primacía del Derecho de la Unión y generen una interpretación desigual del Derecho de la Unión en materia de protección de los intereses financieros de la UE y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia”.
Según los magistrados, las decisiones del TC “estiman una vulneración del principio de legalidad penal nacional de altos cargos del Gobierno andaluz condenados por los tribunales penales ordinarios (Audiencia Provincial de Sevilla y Tribunal Supremo) por prevaricación y malversación, e imponen a estos tribunales una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna respecto a los delitos relacionados con la corrupción, lo cual resultaría contrario” a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2021 (Euro Box Promotion y otros) “y a la tutela judicial efectiva y disuasoria frente a los atentados a los intereses financieros de la Unión, generando con ello un evidente espacio de impunidad en la persecución de la corrupción”.
La decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla viene tras la admisión parcial por el TC de los recursos de amparo de diez ex líderes socialistas de la Junta de Andalucía, condenados previamente por prevaricación y, en algunos casos, también por malversación. Tras anular esas condenas, el TC ordenó a la Audiencia emitir nuevas sentencias, considerando los fundamentos jurídicos aportados.
