QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido a la Audiencia Nacional que impida la realización de una movilización organizada para el próximo 22 por Sare y las comparsas de Bilbao con el objetivo de exigir la ‘vuelta a casa de presos, exiliados y deportados’ de ETA y así superar ‘las consecuencias del conflicto’.
En una nota de prensa publicada este miércoles, la entidad sugiere que ‘se dirijan oficios a Guardia Civil y Policía Nacional para que emitan informes sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada’.
Para la AVT, esta convocatoria constituye ‘un claro ejemplo’ de ‘blanqueamiento del terrorismo a través del lenguaje’. ‘Utilizar el término ‘vuelta a casa de los presos’ implica impunidad’, afirma.
Consideran que liberar de inmediato a los prisioneros condenados por actos terroristas ‘supone ignorar la gravedad de sus delitos y la justicia para las víctimas’. ‘No existen refugiados ni deportados, son terroristas que, al tener cuentas pendientes con la justicia, optan por no regresar a España. No pueden ser considerados exiliados’, destacan.
Además, desde la asociación enfatizan que ‘no ha habido ningún conflicto’ y expresan que el uso de dicho término ‘revictimiza a las víctimas del terrorismo al afirmar que participaron en un enfrentamiento entre bandos en el que todos fueron, a la vez, víctimas y victimarios’. En este contexto, recalcan que ‘la violencia de ETA recae únicamente en los terroristas y en quienes los apoyan desde las instituciones’.
RECLAMA ‘MEDIDAS’ AL PARLAMENTO VASCO PARA SANCIONAR ESTOS ACTOS
La AVT considera que la manifestación programada para el día 22 ‘pisotear la dignidad y denigrar’ a las víctimas que ‘tienen todo el derecho del mundo a pasear por Bilbao sin sentirse humilladas’.
‘Por no hablar de la sociedad que se está construyendo, en la que se lanza el mensaje de que asesinar y extorsionar estuvo bien y las condenas impuestas en los tribunales son papel mojado’, continúa.
Por lo tanto, solicita ‘medidas efectivas’ y recuerda que desde mayo el Parlamento Vasco posee una propuesta legislativa para sancionar estos actos. ‘Aprobarla es solo cuestión de voluntad política’, concluye.
