Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha alertado sobre lo que describe como una “deriva bolivariana” en el sistema judicial español, en relación con la aprobación de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Ayuso considera que esta reforma representa “un asalto y un enorme peligro” para la justicia del país.
Esta declaración se produjo durante la inauguración del nuevo Palacio de Justicia en Torrejón de Ardoz, coincidiendo con la aprobación gubernamental de la LECrim, que implica un cambio significativo en el proceso penal español, destacando la transición de la instrucción de jueces a fiscales, según fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Europa Press.
“Es un giro más en la obsesión por socavar la independencia judicial y tomar el control de la justicia”, declaró Ayuso, refiriéndose a lo que ella considera una inclinación hacia una “justicia popular, la más injusta de todas”. “Es la pesadilla del Estado de Derecho y el sueño de los totalitarios que haya una justicia sin jueces”, afirmó, subrayando que, a diferencia de los jueces que son “independientes e inamovibles”, los fiscales “están sujetos a jerarquía” y son seleccionados por el Gobierno.
Además, criticó a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, destacando que está procesado y ni siquiera ha considerado renunciar, aumentando los esfuerzos por controlar la carrera fiscal. “España enfrenta un peligro tremendo con instituciones controladas por quienes han violado gravemente el Estado de Derecho”, expresó Ayuso, argumentando que esto constituye “un atentado contra el Estado, un asalto y un enorme peligro para todos”.
Ayuso también ha señalado la preocupante falta de jueces y magistrados en Madrid, atribuida a la limitada oferta de plazas por parte del Ministerio de Justicia, con un llamamiento urgente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la incorporación de 142 nuevos jueces.