Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su malestar por la actuación del juez Juan Carlos Peinado, al considerar que está desarrollando una instrucción “anormalmente acelerada” que, a su juicio, “vulnera” su derecho de defensa.
Así se recoge en un escrito firmado por su abogado, Antonio Camacho, al que ha tenido acceso Europa Press. En dicho documento, el letrado reprocha que el auto por el que se acuerda la continuación del procedimiento por el tribunal del jurado, y en el que se plantea juzgarla por cuatro presuntos delitos, se dictase sin que el magistrado hubiera resuelto antes un recurso de reforma presentado por la defensa.
Camacho afirma ser “consciente” de que el recurso de reforma “no tiene efectos suspensivos”, pero sostiene que “atenta al derecho de defensa la falta de resolución”, que “se avanza en el procedimiento de forma anormalmente acelerada” y que el instructor ha obviado “trámites previstos en la Ley del Jurado”.
Exige respuesta a los recursos
Por este motivo, reclama a Peinado “la pronta resolución del recurso interpuesto”, con el fin de “conocer la contestación al mismo y permitir el debido control de las resoluciones judiciales”, recordando que “tal derecho no se satisface con la mera interposición del recurso, sino que exige necesariamente una respuesta expresa, motivada y en un plazo razonable por parte del órgano judicial”.
El abogado defiende que la ausencia de respuesta a los recursos les “priva” de conocer “los fundamentos por los que se aceptan o rechazan sus pretensiones impugnatorias, generando una situación de incertidumbre procesal”.
En la misma línea, advierte de que “la continuación del procedimiento sin resolver los recursos interpuestos no constituye una mera irregularidad procesal, sino una vulneración sustantiva del derecho de defensa, al impedir el control de las decisiones recurridas y privar a esta parte de una garantía esencial del proceso penal”.
Cuatro delitos y plazo de cinco días
En su auto, Peinado propuso sentar a Gómez en el banquillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, dejando fuera el de intrusismo profesional, que también se encontraba inicialmente bajo investigación.
Además, concedió a las partes personadas un plazo de cinco días para que “insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales”.