Begoña Gómez, cónyuge del presidente del Gobierno, ha confiado de nuevo en su representación legal, el exministro socialista Antonio Camacho, para que la asista ante el magistrado Juan Carlos Peinado. En la próxima audiencia se le notificará que, en caso de proceder a juicio, enfrentará un jurado popular por la totalidad de los delitos investigados —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo—, expandiendo así el alcance inicial que solo incluía la supuesta malversación.
Esta es la sexta ocasión en que Gómez es convocada por el Juez del Juzgado de Instrucción Número 41 en Madrid. En sus primeras dos apariciones, eligió no declarar; en las siguientes dos, solo respondió a preguntas de su defensa. En su quinto llamado eligió no presentarse, siendo representada por su abogado. Fue el pasado 27 de septiembre cuando se le comunicó que sería juzgada por un jurado popular en relación con el caso de malversación, que trata sobre la contratación y actividades de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
En esa ocasión, la defensa se respaldó en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 que establece que la presencia de los investigados en la audiencia según el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado ‘no es indispensable’. Para la vista de este lunes, se ha requerido la asistencia obligatoria de Gómez junto a Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, todos representados por sus letrados, aunque se anticipa una comparecencia similar a la del 27 de septiembre.
Contrario a ocasiones anteriores, no se activó el protocolo de seguridad usual, y se espera que Gómez no asista en persona a la sede judicial. Durante la sesión se anticipa que las defensas soliciten el archivo del caso, mientras que las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, podrían pedir nuevas diligencias y la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que requeriría una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.
Antes de la audiencia, representantes de las acusaciones populares comentaron sobre la ausencia de Gómez, destacando la economía en gastos para los ciudadanos y la irrelevancia procesal de su presencia o ausencia en la vista.