QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El magistrado Juan Carlos Peinado ha convocado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a una reunión a las 17:30 de este lunes para notificarle que, de ser procesada, enfrentará un juicio por jurado popular por la totalidad de los delitos investigados, que incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, y no únicamente por supuesta malversación como se había establecido inicialmente.
Esta es la sexta ocasión en la que Gómez es citada por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. En las dos primeras citas optó por no declarar, mientras que en las siguientes dos respondió solo a preguntas de su defensa. La última vez, el 27 de septiembre, decidió no presentarse, siendo representada por su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, quien se acogió a una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 que establece que la presencia de los investigados en la comparecencia no es obligatoria.
Para la cita de este lunes, el juez ha indicado que tanto Gómez como otros implicados deberán estar necesariamente acompañados por sus letrados. No obstante, se anticipa que Gómez podría no asistir nuevamente. Además, se espera que las defensas soliciten el archivo del caso mientras que las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, podrían pedir nuevas diligencias. En este contexto, Iustitia Europa ha sugerido la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que requeriría una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.
El juez Peinado ha señalado que las acciones de Gómez, relacionadas con su vínculo familiar con el presidente, son clave para considerar la posible existencia del delito de tráfico de influencias y otros delitos.
Tras año y medio de investigaciones que comenzaron con una denuncia de Manos Limpias, el juez ha ampliado las líneas de investigación a otras querellas presentadas por Vox. La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la continuación de las investigaciones sobre Gómez, especialmente en lo que respecta a los contratos adjudicados a Barrabés y la cátedra codirigida por ella en la UCM.
Gómez ha negado las acusaciones, alegando que las cartas de recomendación que firmó eran usuales en contrataciones públicas y no respaldaban directamente a ninguna empresa en particular. También ha rechazado las acusaciones de apropiación indebida y malversación, con su defensa argumentando que no puede ser considerada como una funcionaria pública a efectos de dichos delitos.
