QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acudirá hoy a las 18:00 horas ante el juez Juan Carlos Peinado. Se le informará que, de proceder su juicio por supuesta malversación relacionada con la contratación de su asesora, será evaluada por un jurado popular y no por un tribunal judicial ordinario.
Esta es la quinta ocasión en que Gómez comparece frente al juez instructor, aunque las citas anteriores estuvieron marcadas por su decisión de no declarar o responder solo a las preguntas de su defensor, el exministro Antonio Camacho. En todas estas ocasiones, Gómez ha entrado a los juzgados en coche oficial y por el garaje, evitando la entrada principal, con la autorización de la juez decana de Madrid, siguiendo el mismo protocolo de seguridad establecido previamente.
LA COMPARECENCIA
La cita de hoy se enmarca en una disposición del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que obliga al juez a notificar a los implicados sobre la transformación de las diligencias en un juicio por jurado. En la sesión, inicialmente se escuchará a la Fiscalía y las acusaciones, seguido de las defensas que podrán solicitar el archivo del caso o proponer nuevas investigaciones.
Seis meses atrás, el juez Peinado decidió investigar esta parte del caso y aunque inicialmente no incluyó a Gómez y Álvarez en la imputación por malversación, el 18 de agosto cambió su decisión. La ley estipula que este tipo de delitos sean juzgados por un jurado, y según fuentes jurídicas, es inusual que la decisión se tome en un punto intermedio de la investigación, como ha ocurrido.
EL JUEZ VE INDICIOS SÓLIDOS DE MALVERSACIÓN
Al anunciar la citación, Peinado mencionó indicios «racionales, fundados y sólidos» de delitos, basándose en las actitudes durante las declaraciones y en evidencias como correos electrónicos relevantes aportados por Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de la UCM, y otros correos corporativos de Gómez que aún están pendientes de análisis por parte de la Guardia Civil. Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha señalado posibles desviaciones de recursos públicos hacia intereses privados, aunque descartó la imputación de malversación directamente a Álvarez.
Actualmente, la Audiencia Provincial está deliberando sobre varios recursos relacionados con esta causa, incluyendo los de la defensa y la Fiscalía contra la imputación de malversación, con decisiones esperadas para las próximas semanas.
