QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La representación legal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha instado a la Audiencia de Madrid a modificar la resolución del magistrado Juan Carlos Peinado, que propone que la investigación principal en su contra por presuntos delitos como tráfico de influencias y corrupción entre otros, se dirima en un juicio por jurado. ‘Es claramente irregular’, ha declarado.
Según el recurso de apelación, al que ha accedido Europa Press, este se opone a la conversión de la investigación en un juicio por jurado, argumentando que Gómez sería juzgada por ciudadanos en vez de por jueces profesionales. Antonio Camacho, el abogado de Gómez y exministro socialista, critica que Peinado no haya considerado ‘ningún indicio’ que implique a Gómez en los delitos mencionados. ‘No hay ninguna prueba’, enfatiza.
DELITOS NO ACREDITADOS
La defensa argumenta que no existen fundamentos para que Peinado lleve el caso a un tribunal del jurado y señala que los delitos no están adecuadamente demostrados. Camacho, en las 18 páginas del recurso, desestima las acusaciones una a una, particularmente la de tráfico de influencias, indicando la falta de pruebas concretas que vinculen a Gómez con actos ilícitos.
En relación al supuesto delito de apropiación indebida de marca, Camacho alega que no existe evidencia que respalde que su defendida se haya beneficiado indebidamente de recursos de la Universidad Complutense o que haya habido un lucro indebido de su parte. Además, defiende que el término ‘Transformación Social Competitiva’ fue una creación de Gómez, utilizada en colaboración con la universidad, y no previamente registrada. ‘Una simple búsqueda en internet muestra que este término solo se relaciona con las actividades de mi defendida’, aclara.
Finalmente, Camacho reafirma que Gómez no ha cometido intrusismo, cumpliendo solamente con los requerimientos de la Universidad Complutense y ajustándose al marco legal vigente.
