La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se sentará en el banquillo el próximo 23 de junio por haber llamado “corrupto” y prevaricador al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien reclama una indemnización de 240.000 euros por daños a su honor.
Según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, este martes tuvo lugar una vista previa en la que, en principio, el litigio podía haber quedado visto para sentencia. Sin embargo, el procedimiento se ha prolongado porque la dirigente de Podemos ha pedido que García Castellón declare como testigo y ha incorporado nueva documentación ante el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid.
En detalle, las mismas fuentes precisan que Belarra ha presentado en papel diversas noticias, artículos y entrevistas del exmagistrado que se han publicado desde la salida de su libro “Habla, para que se conozca: Del caso Banesto al Procés”.
En paralelo, la defensa de la líder de Podemos ha solicitado al juez que remita un exhorto a la Audiencia Nacional para que envíe los expedientes relativos a procedimientos instruidos por García Castellón en su etapa en ese órgano judicial y que estén vinculados con Podemos.
Pese a la oposición mostrada por la Fiscalía, el magistrado ha aceptado la declaración testifical de García Castellón y ha fijado el 23 de junio, a las 12.00 horas, como fecha y hora para la celebración de la vista oral.
BELARRA LE LLAMÓ “CORRUPTO” Y PREVARICADOR
El exmagistrado presentó una demanda civil contra Belarra por haberle calificado de “corrupto” y prevaricador en publicaciones en redes sociales. Inicialmente, reclamaba a la también diputada una compensación de 120.000 euros, pero más tarde decidió duplicar la cantidad hasta los 240.000 euros al ampliar la demanda, después de que la política morada reiterara públicamente esas expresiones tras conocer que él había acudido a los tribunales.
Para el antiguo instructor de la Audiencia Nacional, “las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas”. Subrayó, además, que la doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido que la libertad de expresión, “aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada”.
Belarra, en cambio, ha sostenido en sus declaraciones públicas que el Tribunal Supremo debería rechazar la demanda, al entender que los términos que utilizó se enmarcan en el ejercicio propio de su labor como diputada y quedan protegidos por su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.
La Fiscalía se alineó con la posición del exmagistrado al considerar que las expresiones utilizadas por Belarra contra el juez jubilado son “claramente ofensivos e innecesarios”, si bien propuso reducir la cuantía de la indemnización reclamada, pasando de 240.000 a 20.000 euros.
El Tribunal Supremo celebró en abril una audiencia previa con la intención de resolver el litigio. No obstante, el presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, concedió un plazo de 10 días a las partes para que aclarasen si las manifestaciones de Belarra se habían producido en su condición de diputada —lo que implicaría su aforamiento ante el propio Supremo— o como ciudadana particular, en cuyo supuesto la competencia correspondería a los juzgados de lo civil.
García Castellón respondió defendiendo que el TS debía conocer del asunto, al entender que las frases dirigidas contra él fueron “emitidas desde su posición institucional como representante de la soberanía nacional y con el propósito de influir en el debate público”.
Finalmente, el Supremo concluyó el pasado mes de junio que no era el órgano competente para resolver este conflicto y remitió a García Castellón a los juzgados de primera instancia para que, si lo estimaba oportuno, continuara allí su reclamación.