El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado el “corporativismo” que, a su entender, existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recordando que se presentan “15.000 quejas al año” contra jueces mientras “el porcentaje de sanciones por comportamientos irregulares está por debajo del 0,19%”.
El titular de Justicia ha realizado estas afirmaciones en un coloquio celebrado este lunes en la Forbes House de Madrid, con motivo de la reciente publicación del libro “Sobre el imperio de la ley” (Galaxia Gutemberg), del abogado Javier Cremades.
Bolaños ha defendido que, en su opinión, la parte estrictamente jurisdiccional, la “que tiene que ver directamente con el Estado de derecho, en España funciona”.
“Sin embargo, es cierto que hay decisiones de los jueces y magistrados de nuestro país que no forman parte de su función jurisdiccional y que son resueltas por el Consejo General del Poder Judicial”, ha precisado el ministro durante su intervención.
En este sentido, ha detallado que el porcentaje de sanciones a jueces por “decisiones que no forman parte de su poder jurisdiccional” se mantiene por debajo de ese 0,19% porque una parte de los expedientes termina archivada en el propio CGPJ o en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Además, ha subrayado que, a su juicio, “el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial, en ocasiones, actúa con un corporativismo malentendido”.
El papel del CGPJ y las sanciones disciplinarias
Para Bolaños, la función esencial del CGPJ es salvaguardar “el buen nombre de la justicia”, y ha advertido de que “no se protege el buen nombre de la justicia cuando se protege a un juez que ha cometido una irregularidad”.
“Yo creo que este corporativismo mal entendido por parte del Consejo General de Poder Judicial hace daño al buen nombre de la justicia en nuestro país”, ha manifestado el ministro, insistiendo en que esa actitud perjudica la imagen del poder judicial.
En la misma línea, ha querido remarcar que “las sanciones a los jueces no las pone el Gobierno” ni el poder legislativo, “sino que las pone el propio órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo”.
“Y creo que ahí podría haber trabajo para ver los expedientes desde esta perspectiva. Desde la perspectiva de la protección del buen nombre y la reputación del jueces y magistrado de nuestro país y del poder judicial en su conjunto”, ha concluido, reclamando una revisión de los procedimientos disciplinarios para reforzar la confianza ciudadana en la justicia.