QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, expresó este viernes su disposición al diálogo, pero siempre dentro de los términos que recoge la reforma de la Justicia, al ser consultado sobre la propuesta de Junts de crear un Consejo de Justicia en Cataluña para apoyar el plan judicial del Gobierno.
En declaraciones a RNE, que Europa Press recogió, el ministro subrayó que la legislación propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez representa una reforma muy ambiciosa que actualmente se debate en el parlamento, donde se negocia, se habla, se dialoga con los grupos sobre las enmiendas que presentan.
Bolaños mencionó que Junts, igual que otros, han presentado enmiendas muy variadas, y reiteró la voluntad del Gobierno de ceñirse al texto de la reforma de la justicia y mejorar en esos términos lo que sea posible la ley.
El ministro afirmó: Estamos abiertos, por supuesto, a cualquier diálogo dentro de los términos que hoy recoge la reforma de la justicia, en relación a las enmiendas presentadas por Junts en el Congreso, que incluyen la creación de un Consejo de Justicia catalán con responsabilidades en la gestión de nombramientos de jueces.
La propuesta de Junts busca ganar terreno al Estado y promover la independencia, la imparcialidad, la despolitización y la profesionalización de la justicia.
ACABAR CON LA PENURIA DE JUECES Y FISCALES
En relación a la huelga de tres días llevada a cabo por jueces y fiscales la semana pasada en protesta contra esta reforma y otra sobre la Fiscalía, Bolaños calificó los motivos de la huelga como infundados y falsos, y reafirmó que las reformas propuestas no comprometen la independencia judicial ni el Estado de Derecho.
El ministro reconoció que cualquier reforma judicial puede provocar cierto recelo, pero aseguró que está alineada con la dirección correcta, como ha señalado la Comisión Europea, y que con el tiempo, esta reforma se reconocerá como un gran avance para la justicia democrática del país.
Bolaños concluyó afirmando el compromiso del Gobierno de resolver la escasez de jueces y fiscales, así como de mejorar los recursos digitales necesarios para la justicia, prometiendo un aumento significativo de recursos para el sector.
