El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo este lunes una reunión en la sede del Ministerio con el presidente de la Abogacía, Salvador González, en la antesala de la aprobación de la reforma de la Asistencia Jurídica Gratuita, centrada en la actualización de varios baremos.
El encuentro tuvo lugar en la víspera de la tramitación urgente del Reglamento, que será sometido este martes al Consejo de Ministros. Según ha informado la Abogacía en un comunicado difundido por Europa Press, en la reunión se analizaron de forma detallada los aspectos concretos de la reforma.
La modificación del Reglamento prevé una subida inmediata de determinadas retribuciones que la Abogacía Española considera “especialmente urgentes” y que “ha venido reclamando en últimos tiempos”. Entre ellas figura el reconocimiento del pago por la intervención de los letrados en los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que se abonará con un 125% de la cuantía de cada procedimiento para favorecer los acuerdos entre las partes.
Junto a ello, se contempla un incremento de las cuantías en los procedimientos de especial complejidad (Macrocausas), así como en el procedimiento penal general en todo el territorio común, lo que supone una mejora de las condiciones económicas del turno de oficio en estos ámbitos.
En palabras de González, “hoy se ha dado un avance necesario, pero vamos a seguir trabajando para que se aprueben las peticiones históricas e imprescindibles que reclama la abogacía española. Prioridades como el incremento de las retribuciones y su actualización periódica, más agilidad en los pagos, más especialización y extensión de servicios, el cierre de brechas territoriales o la garantía de abono por todas las actuaciones prestadas, entre otras cuestiones”.
Desde el departamento de Bolaños se subraya que el Real Decreto “también permitirá incorporar a la Asistencia Jurídica Gratuita a nuevos colectivos vulnerables”. Así, se incluirá a víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, a personas con discapacidad que requieran especial protección y a mujeres y menores víctimas de violencia sexual, que tendrán derecho a este servicio con independencia de sus recursos económicos, en línea con lo que ya se aplicaba a las víctimas de violencia de género.
Durante la reunión, el ministro expresó su “compromiso” de sacar adelante en los primeros meses de 2026 una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con la finalidad de “reforzar la protección de las víctimas y potenciar el trabajo de los profesionales que garantizan el acceso efectivo a la justicia”.
González incidió en la “urgencia” de esta futura norma, recordando que “urge que seamos parte de ella, y aún más si cabe, contar con recursos y el trato digno que merecen sus profesionales”.