El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha convocado para este lunes la Conferencia Sectorial de Justicia, un encuentro entre el Ministerio y las comunidades autónomas con las competencias transferidas para analizar la puesta en marcha de los tribunales de instancia, cuya fase final está prevista a partir del próximo 1 de enero.
La reunión, fijada por el Ministerio el pasado 12 de diciembre mediante una nota de prensa y que se celebrará por videoconferencia, tiene como “principal objeto” estudiar la tercera fase de la implantación de estos nuevos órganos judiciales en las autonomías con competencias en materia de Justicia.
Entre esas comunidades se encuentran Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.
En cambio, la nota precisaba que “en las comunidades en las que el Ministerio es el competente en materia de Justicia está todo a punto para esa fecha y se prevé que así sea en la práctica totalidad del territorio”.
Con todo, el departamento de Bolaños ya adelantó que “si los consejeros de las comunidades con la competencia transferida solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase en algún partido (judicial) concreto al amparo de lo previsto en la propia ley, el Ministerio lo apoyará”.
La creación de estos tribunales se integra en la Ley de Eficiencia de la Justicia que, según el propio Ministerio, “hará este servicio más ágil, flexible, cercano y digital y que moderniza una planta judicial diseñada en el siglo XIX”.
El CGPJ alerta de posibles “carencias” en los juzgados
Paralelamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó al Ministerio, antes incluso de conocerse la convocatoria de la Conferencia Sectorial, que adopte medidas para evitar las “carencias” de los juzgados previas a la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia.
En una nota, el Consejo recogió la “preocupación” de los decanos de los seis principales partidos judiciales de España y la trasladó tanto al departamento que dirige Bolaños como a las comunidades con competencias transferidas.
El órgano de gobierno de los jueces instó a actuar para impedir el extravío de expedientes y retrasos en su tramitación y así “garantizar la continuidad y el buen funcionamiento del servicio, con el fin de evitar perjuicios a la ciudadanía”.
En concreto, pidió a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que “los procedimientos y causas pendientes --de los que seguirán conociendo los titulares de los antiguos juzgados una vez instalados en su nueva plaza del tribunal de instancia-- estén identificados y listados, de forma que su itinerario hasta la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, lo que evitaría la pérdida de expedientes”.
Los decanos cuestionan la preparación de la reforma
Los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca llamaron la atención sobre las “carencias” y la “falta de preparación” detectadas en el despliegue de los tribunales de instancia, advirtiendo de que esas “carencias” “pueden lastrar esta fase final de la implantación de los tribunales de instancia”.
Entre los problemas señalados figura la “dispersión de sedes”, que, a su juicio, puede “dificultar las relaciones” entre jueces y funcionarios, así como la “falta de digitalización”, que conlleva un “riesgo de pérdida” de expedientes originales allí donde aún no existe expediente digital.
También expresaron su malestar por la “demora en el nombramiento de los letrados directores”, lo que, según indicaron, “ha privado a muchos decanos del interlocutor necesario para coordinar la constitución de los tribunales de instancia”.
Asimismo, remarcaron la “falta de aprobación de algunas relaciones de puestos de trabajo o de culminación de los procedimientos de consolidación de funcionarios y excesivo número de funcionarios interinos, que no tienen la formación necesaria y dificulta el desempeño de sus funciones”.
Los decanos advirtieron de que estas “carencias detectadas” podrían repercutir “un impacto en los ciudadanos” y por ello han pedido al CGPJ que inste a las administraciones competentes a aplicar “una moratoria en la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia por un periodo de seis meses”.
JJpD exige al CGPJ una “urgente reforma” reglamentaria
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denunció el pasado miércoles, mediante una nota de prensa, que el Consejo General del Poder Judicial no ha adaptado todavía los reglamentos necesarios para poner en marcha los tribunales de instancia, una reforma que considera “imprescindible” y de “urgente reforma”.
“Ya no cabe aplazarlo más”, sostuvo la asociación, que urgió al Consejo a acometer los cambios reglamentarios necesarios de cara a la tercera fase de la implantación.
JJpD recordó que “ha transcurrido casi un año durante el que se han aprobado por las administraciones correspondientes las relaciones de puestos de trabajo de los funcionarios de la administración de justicia que van a trabajar con esta nueva forma de organización judicial y por el CGPJ” dos instrucciones “sobre coordinación y funcionamiento de los tribunales de instancia y sobre el ejercicio de las facultades de dirección e inspección”.
“Sin embargo no se ha cambiado ni una coma de los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial que hay que reformar para que tenga lugar la transformación de los juzgados a tribunales de instancia”, criticó la asociación.
La Abogacía respalda la moratoria y pide “monitorización”
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, valoró el pasado martes, en un encuentro con periodistas, que la “predisposición” del Ministerio a apoyar una moratoria en la implantación de los tribunales de instancia es “una medida acertada”, aunque reclamó una “monitorización del proceso” para evitar “disfunciones”.
González explicó que los consejos de la abogacía autonómica se han puesto “a disposición del Ministerio” para procurar que esta “transición” afecte “en la menor medida posible a la justicia y al acceso a ella”.
Además, insistió en la necesidad de escuchar “a todos los colectivos” del ámbito judicial con el objetivo de lograr “una gestión del cambio más ordenada”.