El bufete Equipo Económico, imputado en un caso que investiga posibles privilegios fiscales a compañías durante la gestión de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, ha solicitado al magistrado instructor de Tarragona que agilice la investigación, alegando que sufre una “demora injustificada”.
En un documento presentado al juez Rubén Rus, la defensa del bufete demanda que se dé “el impulso, de oficio, del procedimiento, dictando al efecto las resoluciones que procedan”. Piden específicamente que se envíe “sin más demora” a la Audiencia Provincial de Tarragona el recurso que presentaron el pasado julio, donde ya se criticaba que la investigación era “desproporcionada y sin el menor fundamento jurídico”, solicitando por ello la nulidad del caso.
Equipo Económico expresa en su nueva misiva que no tiene noticia de ningún avance, ni de que “se haya remitido siquiera a la Audiencia Provincial para su resolución”, tras más de dos meses y medio. Además, mencionan que “lo mismo cabe decir” de otros escritos entregados anteriormente en los que pedían la eliminación de datos personales no relacionados con el caso o la consolidación de las acusaciones populares, demanda que también realizó la Fiscalía.
“Tras una instrucción de más de siete años tramitada bajo secreto y sin posibilidad de ejercer el derecho de defensa, vemos ahora cómo la resolución del recurso de apelación presentado contra los actos iniciales y el resto de solicitudes de ordenación del proceso cursadas por esta parte, acumulan, a su vez, una demora injustificada por falta del impulso procesal”, lamentan desde el despacho al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona.
LA DURACIÓN DEL SECRETO, UNA “ANOMALÍA”
El bufete argumenta que “no cabe aquí hablar de dificultad o complejidad de la causa”, una “letanía habitual” con la que “el instructor ha pretendido justificar la anomalía procesal de mantener un secreto de sumario durante siete años”. A su juicio, es un “retraso” “únicamente imputable a la incuria y falta de diligencia del Juzgado, prolongando la situación de indefensión causada por las dilaciones indebidas sufridas, escalofriantes”, lo cual va en contra del derecho a la tutela judicial efectiva, concluyen.
Fuentes de la defensa de Equipo Económico han declarado a Europa Press que son “los primeros interesados en que el proceso judicial sea lo más ágil posible para esclarecer definitivamente este asunto porque después de siete años de investigación en secreto no hay, porque no puede haberlo, un solo elemento probatorio y queremos que el caso se resuelva cuanto antes”.
Desde que se levantó el pasado julio el secreto de sumario, el bufete también ha reivindicado la “legalidad” de sus actuaciones y ha pedido que la investigación sea trasladada a los juzgados de Madrid, al considerar que “en el hipotético caso de que fueran constitutivos de delito”, se habrían ideado y cometido en la capital.
La investigación, que comenzó en 2018, ha llevado a la imputación de más de una treintena de personas, incluyendo al exministro ‘popular’ y al bufete que fundó, por supuestas irregularidades en reformas fiscales que beneficiaron principalmente a empresas del sector gasístico. El juez decidió extender el plazo de investigación hasta enero de 2026 para poder tomar declaración a “todos los investigados” e indicó que de no hacerlo, estaría “impidiendo” a los imputados solicitar diligencias.