El bufete Equipo Económico, situado en el corazón de una supuesta red de favores políticos durante el mandato de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, ha presentado su defensa ante el magistrado instructor de Tarragona, alegando “la legalidad de los trabajos y conductas llevadas a cabo” y reiterando la “nulidad” de los procedimientos.
Mediante dos escritos, a los que Europa Press ha tenido acceso, se argumenta que las actividades de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), formada por varias compañías bajo investigación, tenían un propósito “absolutamente legítimo” y estaban “recogidas en su objeto social”.
Equipo Económico subraya que la asociación fue creada con el objetivo de “formular y suministrar informaciones, estudios y recomendaciones, para colaborar con autoridades y organismos en la creación de normativas sobre la gestión de gases”. Además, recalca que es normal y beneficioso que las sugerencias de un sector se asesoren por expertos para fundamentar técnicamente sus aportaciones a las legislaciones.
El despacho destaca que esta es una actividad habitual entre las principales firmas de servicios jurídicos y económicos, y que fue exactamente lo que realizaron para AFGIM, como expertos reconocidos en fiscalidad, tal y como se muestra en las comunicaciones desarrolladas.
Utilizando los documentos, se enfatiza que estas actividades se llevaron a cabo en Madrid, bien en las oficinas del despacho o de AFGIM, o en instalaciones del Ministerio de Hacienda. Así, Equipo Económico argumenta que, en caso de que hubieran constituido un delito, lo cual niegan, estos se habrían ideado y ejecutado en Madrid, por lo que la competencia debería recaer en los Juzgados de Instrucción de Madrid y no en Tarragona.
El bufete también critica la investigación llevada a cabo por los Mossos d’Escuadra sobre hechos ocurridos en Madrid y protagonizados por personas de esta ciudad, considerándola fuera de su jurisdicción. Además, Equipo Económico se une a la solicitud de nulidad de la incautación de correos electrónicos y otros documentos claves en la investigación, iniciada por un “hallazgo casual”, y que, a su juicio, deberían ser anulados.