QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), ha manifestado su optimismo respecto a la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, la cual considera que introducirá «una fase normativa extraordinaria para lo que es un servicio público» y facilitará «una mejor convivencia» entre los ciudadanos.
En su participación en el cierre del seminario ‘Justicia en España: La mayor transformación en décadas’, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, Campo ha evaluado la condición actual de la justicia y la democracia en el país.
Como exministro de Justicia en el segundo mandato de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021, Campo ha centrado sus «esperanzas» en una justicia más eficiente gracias a la mencionada ley, que según él, establece «la interrelación entre democracia, ciudadanía y justicia».
«Ya no digo revolución de la justicia, sino evolución. Por eso digo que tengo grandísimas esperanzas en esta Ley, porque creo que sienta una fase normativa extraordinaria para lo que es un servicio público. Va a permitir una mejor sociedad avanzada, porque nos va a permitir una mejor convivencia», expresó Campo.
También resaltó que el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de «anular una sentencia cuando ha habido una violación de un derecho fundamental», subrayando que esto es parte de su «mandato constitucional». «No nos rasguemos las vestiduras con ciertos titulares que vamos oyendo de una manera machacona», señaló.
Además, Campo enfatizó que «España es una democracia plena», aunque admitió que mantener la democracia es un esfuerzo diario y un concepto «cambiante». «Las grandes democracias tienen que hacer el esfuerzo por seguir siéndolo», agregó.
El magistrado también lamentó el actual «gran descrédito de la institucionalidad y la gran desafección de la ciudadanía por toda la cosa pública», y destacó la necesidad de que la justicia «proteja los valores» que fundamentan las democracias.
LA JUSTICIA EN LA ‘ESPAÑA VACIADA’
Durante su charla, Campo reflexionó sobre la justicia en la denominada ‘España vaciada’, alertando que los residentes de pequeños pueblos, especialmente los mayores, «no tienen los mismos derechos» en cuanto a servicios bancarios o jurídicos.
«Lo que no nos podemos permitir es tener ciudadanos de diferentes categorías, porque siempre hemos entendido, y hemos luchado contra esa desigualdad, que la economía no sea algo que diferencie a los ciudadanos. Elementos como la oficina de justicia en el municipio son auténticamente transformadores. La justicia es igual para todos, y tiene que trabajar en estos aspectos», afirmó.
Finalmente, Campo concluyó que la justicia es la «verdadera esencia para la potenciación de los valores democráticos» y que nace «para solventar los conflictos de los ciudadanos sin que se deteriore la convivencia». «La justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico y por lo tanto, mucho más que mi derecho. La justicia es un elemento vertebrador de construcción de país», finalizó.
