Carlos Fernández, antiguo concejal de Marbella por el partido de Jesús Gil y prófugo desde los inicios del ‘caso Malaya’ hace cerca de dos décadas, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía tras ser arrestado a finales de octubre. Fernández acepta pagar una multa de 4.000 euros e indemnizar al consistorio marbellí con 250.000 euros por su implicación en el ‘caso Saqueo II’.
Este acuerdo se alcanzó durante una vista que tuvo lugar este miércoles en la Audiencia Nacional, donde tras ser liberado bajo fianza provisional, se contempló este posible acuerdo de conformidad.
Fernández, que se había refugiado en Argentina, fue detenido el 29 de octubre tras ser identificado en un control policial en el aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez, llegando de Argentina con la intención de entregarse a la justicia española. Según un auto de la Audiencia Nacional al que Europa Press tuvo acceso, su defensa informó del vuelo y su llegada al aeropuerto madrileño.
Después de su detención, se celebró una audiencia donde tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron su libertad provisional, dado que Fernández se había presentado voluntariamente y el juicio estaba programado para este miércoles.
En 2006, durante la segunda etapa de la operación ‘Malaya’, se registró su domicilio. Al día siguiente, su abogado informó al juzgado que Fernández estaba dispuesto a colaborar y que se encontraba realizando el Camino de Santiago, aunque su paradero fue desconocido hasta 2017. Ese año, en septiembre, fue capturado en Argentina, donde se entregó a las autoridades tras gestionar en España la prescripción de los delitos imputados en varias causas, incluidas ‘Malaya’ y ‘Saqueo II’, competencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.
En noviembre de 2017, el Gobierno español envió a Argentina seis expedientes de solicitud de extradición por distintos delitos cometidos durante su periodo como concejal en Marbella. La primera solicitud se centró en delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil en el ‘caso Saqueo II’. Las otras cinco solicitudes correspondían a delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial en otros juzgados marbellíes.
Un juzgado argentino acordó extraditar a Fernández por una de estas causas, aunque en diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó la extradición mediante un recurso.