El que fuera director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, ha negado durante su declaración como investigado que fuera el responsable de redactar los protocolos de derivación de pacientes desde las residencias durante la primera ola de la Covid-19, según han indicado fuentes jurídicas.
Su testimonio se enmarca en una de las diligencias abiertas para esclarecer una posible denegación discriminatoria de atención sanitaria a personas mayores que vivían en residencias en aquellos meses iniciales de la pandemia.
Mur ha comparecido tras no presentarse el pasado 9 de diciembre, ausencia que llevó a la acusación particular, ejercida por la letrada Alejandra Jacinto, a pedir que se dictara una orden de busca y captura contra él.
Declarando por videoconferencia desde Andorra, el exalto cargo del Ejecutivo autonómico ha señalado a su sucesor en el puesto, Javier Martínez Peromingo, y a una veintena de geriatras de enlace como quienes habrían elaborado esos protocolos.
En relación con dichas instrucciones, ha insistido en que él “coordinó, revisó, firmó y envió” la documentación a la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero ha remarcado que no fue quien los redactó, versión que choca con la ofrecida por otros investigados en el procedimiento.
Conflicto de competencia entre juzgados
La declaración de Mur supone reactivar una instrucción que llevaba meses prácticamente detenida por los conflictos de competencia entre distintos juzgados de Madrid. Algunos magistrados se inhibieron a favor del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Madrid con la idea de acumular los asuntos en una macrocausa, pero el juez responsable rechazó esa acumulación, por lo que ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que tenga la última palabra.
El foco de la investigación está en la muerte del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los episodios vinculados con el denominado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria.
Dentro de este mismo procedimiento, Martínez Peromingo declaró el 9 de diciembre y se presentó como el ideólogo de los protocolos, apuntando a Mur como el responsable de los posibles elementos discriminatorios que pudieran contener. Ambos ejercieron la dirección de Coordinación Sociosanitaria en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la crisis sanitaria.