La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha alertado de que un 39,32% de los jueces que se retiraron en 2025 lo hicieron de forma voluntaria y que más de 1.700 jueces —aproximadamente un tercio de toda la carrera judicial, de los casi 5.500 en activo— habrán pasado a la jubilación entre 2022 y 2031.
Estos datos proceden del último informe “Análisis de las jubilaciones y necesidades de reposición en la Carrera Judicial 2022-2035”, que la asociación elabora anualmente. En dicho documento se especifica que, de las 117 jubilaciones registradas el año pasado, “60 fueron forzosas por razón de edad, otras 46 fueron voluntarias o anticipadas y 11 se produjeron por incapacidad permanente”, según una nota de prensa.
La AJFV detalla que el pasado año se contabilizaron 18 jubilaciones más que en 2024 y que estas cifras “confirman una tendencia claramente ascendente desde 2022”, ejercicio en el que se difundió la primera edición de estos análisis.
La asociación explica que estos estudios “se basan en la recopilación y contraste individualizado de cada jubilación de miembros de la carrera judicial mediante fuentes abiertas, principalmente el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como en el análisis del escalafón judicial”.
“En solo tres años, 139 jueces y magistrados han decidido adelantar su retirada, en un contexto de envejecimiento de la carrera judicial, el aumento de la sobrecarga de trabajo por una creciente litigiosidad, la ausencia de soluciones políticas y el clima de deslegitimación del poder judicial por parte de otros poderes del Estado”, denuncia Marien Ortega, portavoz de la asociación.
Ortega subraya que la salida de un tercio de los jueces y magistrados que la AJFV prevé “tiene consecuencias de gran calado para el funcionamiento del sistema judicial”, ya que la jubilación “masiva” de efectivos “agrava todos los problemas existentes” vinculados al incremento de la litigiosidad y al “déficit estructural” de plazas.
La proyección se elabora a partir de los datos efectivos de jubilaciones de los primeros años —entre ellos, 86 en 2022 y 99 en 2023— y de la distribución por edades de la carrera judicial, de acuerdo con la asociación.
El informe precisa que “estas cifras deben interpretarse como una estimación orientada a ilustrar la magnitud del problema, no como una predicción cerrada año a año”. Añade además que, incluso “en un escenario conservador”, la Justicia española “afronta en poco más de una década la pérdida de alrededor de un tercio de sus jueces y magistrados en activo”.
Factores que impulsan las jubilaciones anticipadas
La AJFV atribuye este aumento de las jubilaciones voluntarias a varios factores. Según la asociación, la tasa de litigiosidad (asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes) ha pasado de 128,3 en 2018 a 145,7 en 2023, y alcanzó los 160,41 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2024, lo que supone un incremento de más de 32 puntos en seis años.
El documento señala que esta “sobrecarga de trabajo” reduce el tiempo “que puede dedicarse a cada asunto” y, al mismo tiempo, tiene “un impacto directo en la salud y el bienestar de los jueces”, lo que favorece que “muchos opten por la jubilación voluntaria o anticipada”.
Asimismo, la AJFV apunta al “clima de deslegitimación y condiciones de ejercicio” del Poder Judicial por parte de otros poderes del Estado como otro elemento que empuja a abandonar la carrera.
El informe también advierte del “envejecimiento de la carrera judicial” y de “la ausencia de una carrera profesional bien definida, donde se reconozca la experiencia y la competencia para continuar ejerciendo como juez”.
Para la asociación, la respuesta institucional “no puede limitarse a medidas puntuales”, sino que requiere “la adopción de una política de Estado que asuma de forma explícita el objetivo de garantizar plantillas suficientes”.
El texto concluye que “solo así será posible evitar que las jubilaciones masivas se traduzcan en un incremento irreversible de los retrasos, en una mayor dependencia de la justicia interina y, en última instancia, en la quiebra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía”.