El juicio del caso Mascarillas ha celebrado este miércoles su segunda sesión en el Tribunal Supremo (TS), centrada en la contratación "arbitraria", a ojos del fiscal, de mujeres "vinculadas" al exministro de Transportes José Luis Ábalos en empresas relacionadas con su ministerio.
Durante la jornada han sido protagonistas Claudia Montes, "amiga y compañera de partido" del exdirigente socialista, así como los testimonios de varios exdirectivos que han tratado de esclarecer las circunstancias de su contratación en la empresa pública Logirail.
Todo ello en la causa que juzga a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Claudia Montes defiende que sí trabajó y niega trato de favor
En el centro de la sesión, Claudia Montes, Miss Asturias 2017, ha rechazado haber sido beneficiada por la intervención de Ábalos para su contratación en Logirail. “Él nunca me ha dicho: te he enchufado”, ha asegurado ante el tribunal, insistiendo en que su relación con el exministro era “de amistad” y vinculada al partido.
Según su relato, fue el propio Ábalos quien le indicó la existencia de vacantes en Logirail, pero sin intervenir en el proceso de selección. Montes ha defendido que presentó su candidatura y superó dos entrevistas, subrayando que su perfil profesional encajaba con el puesto.
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Además, ha insistido en que sí desempeñó su trabajo, llegando a realizar horas extra, hasta 80 y más de 21 días compensatorios. Por otro lado, Montes ha asegurado ante el tribunal que avisó a Ábalos de que sufría acoso laboral en Logirail y que fue despedida mediante un burofax mientras estaba de baja por esta situación.
Según ha dicho, se incorporó en un despacho sin escritorio ni ordenador, junto a una pared, por lo que acudía con frecuencia a la biblioteca de Oviedo exclusivamente para estudiar libros sobre trenes. Ante estas circunstancias, contactó con Koldo García, a quien consideraba su superior, para quejarse de su situación. “En todo momento era mi jefe”, ha señalado.
Montes también ha relatado que su relación con Ábalos era “virtual”, basada principalmente en mensajería, y que él la ayudó a “culturizarse en política” tras conocerla en un mitin del PSOE en Asturias en mayo de 2019.
Exdirectivos de Logirail aseguran que Montes sí que trabajó
El tribunal también ha escuchado a varios directivos de la empresa donde la amiga de Ábalos fue contratada. El exgerente de Logirail, Óscar Gómez Barbero, ha asegurado que sabía que Montes no iba a trabajar al llegar él, pero que la razón era que el puesto “no era el adecuado”.
Gómez Barbero ha relatado que, una vez regularizada la situación, Montes sí desempeñó su trabajo y que él se encargó de subirle de categoría y darle un espacio de trabajo distinto.
Otro exdirectivo, José Ángel Menéndez, quien fue director gerente de Logirail antes que Gómez, ha precisado que fue informado de la ausencia inicial de Montes y que acordó abrirle un expediente disciplinario porque se ausentó de forma "injustificada" más de una semana, aunque finalmente no se tramitó y Menéndez fue cesado posteriormente en su cargo.
Jéssica Rodríguez y la confusión sobre su supervisión en Ineco
La declaración de Amparo Monterrey, secretaria general de Ineco, también ha arrojado nuevos matices sobre la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, que declaró este martes ante el Supremo. Monterrey ha explicado que los partes de trabajo de Rodríguez señalaban “tareas administrativas para Joseba García”, pero que en Ineco no sabían quién era o qué hacía el hermano de Koldo García. “Lo desconozco”, ha asegurado la testigo, que ha recalcado que Joséba García no figuraba vinculado a ningún proyecto de Adif.
Rodríguez, por su parte, sí que identificó a Joséba García -imputado en la Audiencia Nacional por el caso Koldo y que también compareció el martes como testigo en el Supremo- como su responsable directo, aunque desconocía sus funciones. Joséba García, en cambio, declaró que, si bien noo era su jefe, sí que fue un “buen compañero” que le ayudó a rellenar los partes de trabajo.
Monterrey ha detallado por su parte que en Ineco no constaba ninguna incidencia ni sospecha de que Rodríguez no prestara servicios, y que su actividad se registraba mediante usuario digital y DNI. Además, la secretaria general de Ineco ha subrayado que el control de su trabajo correspondía a Adif, y que los jefes de Ineco no tenían por qué supervisar sus tareas.
Inicialmente, el Supremo identificó a Ineco y Tragsatec, la otra empresa pública donde Ábalos habría enchufado a su novia, como posibles perjudicadas y fijó una fianza de 60.000 euros, a cubrir por Ábalos y Koldo García, pero tras el recurso de la defensa, el tribunal consideró “prematuro” otorgarles ese estatus por la falta de controles internos sobre la labor de Rodríguez.
Una técnica de Transportes atribuye al subsecretario las decisiones sobre la compra de mascarillas
Por su parte, Angélica Martínez Ortega, quien fuera secretaria general técnica del Ministerio de Transportes durante la pandemia, ha declarado que su papel en la adquisición de material sanitario se limitó a garantizar el encaje normativo de las órdenes ministeriales que habilitaron la compra de 13 millones de mascarillas a través de Puertos del Estado y Adif.
Martínez Ortega ha explicado que las decisiones sobre quién debía contratar, con qué proveedor y en qué cantidad correspondían al subsecretario Jesús Manuel Gómez García. Según la testigo, “las órdenes me venían dadas”, y que ella simplemente aseguraba que se ajustaran a la legalidad vigente.
La técnica ha reconocido que no podía explicar por qué se eligió a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama, que acabó obteniendo ambos contratos por más de 36 millones de euros. Tampoco ha justificado el incremento en minutos de la orden ministerial de Puertos del Estado, de 4 a 8 millones de mascarillas, señalando que la modificación le fue comunicada directamente por el subsecretario.
Con todo, el tribunal ha interrumpido el interrogatorio de Ortega para centrar la jornada en las contrataciones de Montes y Rodríguez, en lugar de la compra de mascarillas.
Aldama y Ábalos se muestran “tranquilos” ante el desarrollo del juicio
A la entrada del Tribunal Supremo, Víctor de Aldama había asegurado sentirse “tranquilo” tras lo presenciado en la sala el martes. Por su parte, el letrado de José Luis Ábalos afirmó que el exministro también se encontraba tranquilo, aunque “cansado” por la tensión derivada del procedimiento judicial.
En declaraciones a los medios, el abogado de Ábalos había insinuado que Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, podría haber mantenido un “pacto” o concertación con Aldama a tenor de sus declaraciones. Según la defensa, este acuerdo resultaría evidente, dado que Rodríguez habría obtenido impunidad en el procedimiento. “Es una beneficiaria a título lucrativo, al menos. Pero el hecho de que no esté imputada es indicativo de que existió un pacto”, ha sostenido el letrado.
Asimismo, la defensa de Ábalos ha reconocido que su cliente se siente “traicionado”, ya que Rodríguez, con quien mantuvo una relación sentimental, no estaba diciendo la verdad en su testimonio.
Sobre la declaración de Claudia Montes, la abogada del exministro ha defendido que la mujer ha trabajado legalmente para una empresa pública y que su acceso al puesto había sido legítimo.
El Gobierno reitera que no hubo financiación ilegal del PSOE
Por otro lado, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha vuelto a descartar este miércoles que exista financiación ilegal del PSOE después de que el hermano del exasesor Koldo García, Joseba, reconociera el martes ante el juez que recogió sobres con dinero en efectivo en la sede del partido situada en la calle Ferraz.
“Nada apunta a ningún tipo de financiación irregular por parte del Partido Socialista”, ha subrayado Saiz este miércoles en declaraciones a los periodistas tras reunirse en el Ministerio de Inclusión con representantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).
En línea con la posición que el PSOE ha mantenido en los últimos meses, la portavoz ha recalcado que las cuentas del partido están sometidas a controles internos “muy exhaustivos” y, además, a las revisiones que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas.