El Tribunal Supremo ha retomado este lunes el juicio del caso mascarillas contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que investiga supuestas irregularidades en los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia.
Entre los testimonios más relevantes de la jornada de hoy ha figurado el de Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, quien ha reconocido haber recibido dinero en efectivo procedente del PSOE para cubrir gastos, aunque, según ha insistido, siempre con “justificación”.
Uriz, no obstante, ha optado por no responder a la Fiscalía ni a la acusación popular, al estar ella misma investigada por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. Su declaración se ha limitado a las preguntas formuladas por su propia defensa.
Durante la instrucción, ya había admitido que acudía a la sede socialista en la madrileña calle de Ferraz para recoger dinero en metálico correspondiente a gastos adelantados por su entonces marido y por el propio Ábalos.
Sin embargo, este lunes ha rechazado reconocer los mensajes intervenidos por la Guardia Civil, en los que presuntamente utilizaban términos en clave como “chistorras”, “soles” o “lechugas” para referirse a distintas cantidades de dinero.
Y su declaración ha pasado de las “chistorras” al chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que según la Fiscalía sirvió como contraprestación al exministro José Luis Ábalos a cambio de una licencia en el sector de hidrocarburos a un socio de Víctor de Aldama.
La testigo ha explicado que “Ábalos quería irse de vacaciones con su entonces esposa” y que ella se encargó de hacer las gestiones como parte de su trabajo. “Cuando encontramos una, le envié fotos a Koldo. Fui e hice el contrato porque entendía que el señor ministro no podía y se hizo a mi nombre”, ha apuntado. Con todo, se ha desmarcado de la decisión de pagar 1.800 por transferencia y 8.000 euros en efectivo.
Ineco asegura que no tenían "indicios" sobre irregularidades en el trabajo de Jéssica Rodríguez
La jornada también ha estado marcada por el silencio de varios testigos clave. Los empresarios Claudio Rivas y Javier Serrano, vinculados a Víctor de Aldama, se han acogido a su derecho a no declarar al estar igualmente investigados en la Audiencia Nacional.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Aldama habría articulado una red en la que Rivas asumió gastos relacionados con la compra del mencionado chalet en Cádiz, presuntamente destinado al uso de Ábalos como parte de las mordidas investigadas.
En paralelo, otras declaraciones han tratado de desvincular a distintos actores. Desde Ineco, su exgerente Josefa Pérez García ha asegurado que no existían “indicios” de irregularidades en el trabajo de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, mientras que otros testigos han negado relaciones directas o participación en operaciones vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.
El “primer eslabón” de la trama desvincula su empresa de la compra de mascarillas
El turno de declaraciones ha continuado con Israel Pilar Ortiz, empresario también investigado en la Audiencia Nacional, que comparece en el Supremo como testigo y considerado como "el primer eslabón" por los investigadores en la trama.
Según ha explicado, la fotografía que se tomó con José Luis Ábalos en un evento tecnológico fue circunstancial y sin relación personal estrecha, atribuyéndola a la coincidencia en el acto y a vínculos familiares con el PSOE.
En cuanto a su relación con Koldo García, la ha definido como “cordial” y limitada en el tiempo, asegurando que se vieron “cuatro o cinco veces”. Asimismo, ha negado cualquier implicación de su empresa en la compra de mascarillas, aunque ha reconocido que el empresario Víctor de Aldama le contactó durante la pandemia para trasladarle la situación crítica de España en material sanitario y pedirle ayuda a través de sus contactos.
Por su parte, otro de los testigos, Manuel Salles Carceller, también bajo investigación, ha asegurado que no conoce a Aldama. Respecto a Koldo García, ha admitido que lo tuvo contratado en una de sus empresas durante tres o cuatro meses, sin aportar más detalles sobre esa relación laboral.
Las declaraciones de ambos se enmarcan en una jornada marcada por los intentos de los investigados de distanciarse de la supuesta trama, en un proceso que sigue acumulando testimonios cruzados y versiones divergentes sobre los hechos.