En el marco de las investigaciones del ‘caso Montoro’, se sospecha que Equipo Económico (EE) junto a sus asociados, establecieron una red de ‘empresas instrumentales’ diseñadas para encubrir ganancias ilícitas obtenidas mediante el aprovechamiento de su influencia gubernamental. Este entramado podría haber facilitado que los ingresos derivados de estos actos se movieran fuera del territorio nacional.
Según un documento de diciembre de 2023 preparado por la unidad de Hacienda que colabora con la Fiscalía Anticorrupción, las investigaciones secretas iniciadas en 2018 culminaron en la imputación de múltiples individuos, incluyendo a Cristóbal Montoro, por supuestamente favorecer a empresas específicas, especialmente del sector gasístico. Este informe ha sido consultado por Europa Press.
El informe destaca la evolución de Montoro y Asociados a Equipo Económico en 2008, detallando la estructura de capital inicial y las transacciones significativas entre los socios, incluyendo a figuras como Luis de Guindos. Hacienda señala irregularidades en las declaraciones de IRPF relacionadas con estas operaciones financieras, sugiriendo que el valor real de las transacciones era sustancialmente superior al declarado.
Adicionalmente, un informe de los Mossos d’Esquadra de 2019 indica que las acciones de EE fueron manejadas principalmente por miembros políticos del despacho a un valor no representativo del patrimonio neto de la empresa, lo que sugiere una gestión oculta de los recursos financieros.
Los investigadores también observaron que, tras primeras denuncias en 2015, se reestructuró la organización, cambiando el nombre a Global Afteli y creando nuevas entidades para continuar con las actividades cuestionadas. La Guardia Civil en un informe de 2021, mencionó que estas sociedades podrían haber servido para canalizar fondos ilícitos, probablemente hacia destinos internacionales.
Finalmente, el informe de Hacienda de 2023 subraya la falta de recursos tangibles en las empresas relacionadas con estas actividades, poniendo en duda la legitimidad de los servicios facturados a EE por estas entidades.