El Juzgado de Instrucción Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido un auto el miércoles, 12 de noviembre, respondiendo a la solicitud del fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, que implica una extensión de la investigación del caso ‘Valka’. Este auto incluye la imputación de Inmaculada Medina, concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PSOE), y del jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, ambos citados como investigados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, entre otros.
Según el documento judicial, estos delitos incluyen malversación de caudales públicos agravada por un perjuicio superior a 250.000 euros, en concurso medial con falsedad en documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración. Además, se imputa a la empresa Guerra Patrimonial FGG S.L. por delitos similares y se ha citado a varios funcionarios como testigos.
La investigación se centra en una supuesta red de corrupción en el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento, entre 2015 y 2022, que supuestamente desvió fondos públicos a través de ‘facturas falsas y sobrecostes superiores al 70%’ del consumo real. El fiscal ha destacado que la manipulación de los pliegos ‘permitió crear un marco contractual artificial que encubría la desviación sistemática de dinero público’. A raíz de esto, también se ha solicitado la intervención del ayuntamiento como perjudicado directo y se ha comunicado a la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias la posible prohibición de contratar con la empresa implicada.
Desde diciembre de 2022, con la exigencia de lecturas reales de contadores por parte de los nuevos responsables municipales, se observó una notable reducción en la facturación, lo que refuerza las sospechas de irregularidades previas. El tribunal ha encontrado elementos suficientes para justificar estas investigaciones ampliadas.