El sindicato CCOO ha alertado de que el conflicto judicial abierto entre General Dynamics e Indra a cuenta de unos préstamos estatales concedidos a un tipo de interés del 0% podría poner en peligro 10.000 puestos de trabajo.
Según ha explicado la organización en un comunicado difundido este jueves, se trata de una judicialización “absolutamente indeseada” que podría frenar la modernización de las fuerzas armadas, un escenario que califica de “irreparable para el sector”.
Por ello, CCOO ha reclamado a las partes implicadas, Indra y Santa Bárbara Sistemas (filial de la estadounidense General Dynamics European Land Systems, GDELS), que alcancen un acuerdo de “inmediato por el bien de la industria española”.
Peligro para los programas de modernización
La Federación de Industria del sindicato que encabeza Unai Sordo ha expresado su “profunda preocupación” por la situación creada en el sector de la defensa, que podría desembocar en la anulación de los reales decretos que destinan 10.400 millones de euros a la modernización de las fuerzas armadas. CCOO confía en que todas las empresas implicadas logren superar este choque desde el diálogo y con una salida favorable.
“La judicialización, por un supuesto defecto de forma, de uno de los reales decretos que aprobó el Gobierno en diciembre para modernizar las fuerzas armadas podría revertir todos los programas”, ha advertido el sindicato, subrayando que detener este proceso significaría “perder una oportunidad difícilmente reparable, en un momento en el que las condiciones económicas, industriales y tecnológicas favorecen claramente esta apuesta”. Por ello, considera imprescindible abordar el problema con la “mayor sensibilidad” para alcanzar una solución que beneficie al conjunto del sector.
En la misma línea, la coordinadora de Defensa de CCOO ha llamado a proteger el interés general, el empleo estable y el desarrollo industrial del país, al tiempo que ha incidido en la necesidad de evitar que “decisiones estratégicas de futuro se bloqueen por intereses particulares, ajenos al bienestar colectivo”.
Recurso ante el Supremo y suspensión de préstamos
El litigio se tramita en el Tribunal Supremo, que en enero admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo de Santa Bárbara Sistemas. En él se solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), destinados a la prefinanciación de los dos principales programas de artillería incluidos en la estrategia de modernización militar del Gobierno.
La petición de suspensión cautelar de estos créditos —que el alto tribunal aún debe resolver— se enmarca en el recurso contra la concesión de los préstamos a la UTE de Indra y Escribano para los programas de obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros).
Ambos préstamos figuran en el real decreto del 14 de octubre de 2025, que fija las normas reguladoras para la concesión directa de créditos destinados al desarrollo industrial de los programas especiales de modernización militar. En total, el Ejecutivo ha autorizado 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a distintas compañías para adelantar la financiación de estos proyectos.
Una oportunidad estratégica para la industria
En este contexto, el área de defensa de CCOO ha valorado de forma “positiva y responsable” la decisión del Gobierno de España de reforzar, a través de los programas especiales de modernización, la industria de seguridad y defensa, con el objetivo de competir en igualdad de condiciones con otros países europeos.
El sindicato considera que esta estrategia representa una “oportunidad histórica” para impulsar nuevas infraestructuras industriales, promover acuerdos con universidades tecnológicas y centros de formación profesional, y favorecer el crecimiento de 'startups' y empresas vinculadas a tecnologías avanzadas.
Por último, CCOO ha remarcado que el plan del Ejecutivo permitirá “acelerar la implantación de capacidades que, en algunos casos, en la actualidad solo existen sobre el papel”. “El actual es un momento clave para situar a España en la primera línea de la alta tecnología, avanzar en el cambio de modelo productivo y reforzar su soberanía nacional en esta área y, por lo tanto, la autonomía estratégica”, ha concluido.