QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La defensa de Santos Cerdán, quien fue secretario de Organización del PSOE, ha informado al juez del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo que el contrato de arrendamiento de su residencia actual en el centro de Madrid está por concluir ‘en fechas próximas’, lo que ha llevado a planear ‘la mudanza de los enseres contenidos’ en dicha casa para la semana entrante.
Mediante un documento oficial, que ha sido recogido por Europa Press, los letrados han comunicado esta información al magistrado instructor, Leopoldo Puente, ‘a los efectos que procedan y tenga por conveniente’. Es importante mencionar que Cerdán se encuentra recluido desde el 30 de junio por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La vivienda de la que se mudará la familia de Cerdán no es de su propiedad, según lo divulgado en su declaración de bienes, en la cual especificó que su único inmueble es una casa adosada en Milagro, Navarra, adquirida en 1995 por 11 millones de pesetas.
En relación con su situación legal, el Tribunal Supremo ha programado una sesión a puerta cerrada para el 22 de julio con el fin de evaluar el recurso de la defensa de Cerdán, que solicita su liberación ‘inmediata’ al argumentar la ausencia de ‘indicios suficientes’ en su contra, calificándose como afectado por una ‘causa general’.
En su reclamación, Cerdán denunció que el magistrado ha mostrado una postura ‘inquisitiva’, ‘contra reo’, y sugirió que su encarcelamiento fue un intento de obtener ‘una confesión’, similar al caso del supuesto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Asimismo, puso en duda la validez de las grabaciones hechas por Koldo García, ex asesor ministerial, entre 2019 y 2023, refiriéndose a García como ‘un posible colaborador policial’.
El juez, no obstante, considera que existen ‘indicios bastantes’ para creer que Cerdán, junto con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ‘en compañía y con el auxilio de terceros, podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública’.
