El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha instado al magistrado del Tribunal Supremo que le investiga a dar un “impulso procesal” al análisis de su patrimonio con el fin de proteger su “presunción de inocencia”, que, según sostiene, se ha visto menoscabada por las “atribuciones delictivas” que se le han imputado tanto a él como a sus familiares.
En un escrito dirigido al instructor del 'caso Koldo' y recogido por Europa Press, la defensa del exdiputado pide que “acuerde conceder a esta parte protección a su derecho fundamental a la presunción de inocencia”, y denuncia “la demora en la presentación del informe de situación patrimonial” por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Los abogados de Cerdán subrayan el “resultado de la actividad investigadora desarrollada con evidente impacto en la presunción de inocencia” de su cliente que, “a la vista de la demora en la aportación del resultado concreto y definido de los informes patrimoniales”, termina consolidándose “en la opinión pública con el paso del tiempo como verdad oficial a pesar de no gozar de material apto destinado a probar la culpabilidad” del exdirigente socialista.
La representación legal sostiene que, desde que se conoció el informe que apuntaba a la presunta implicación de Cerdán en la causa, “vienen publicándose en los medios de comunicación todo tipo de atribuciones delictivas” contra él y su entorno. “Y no se trata de meras invenciones de dichos medios de comunicación, sino de informaciones extraídas parcialmente en los atestados de la Guardia Civil y, por ende, de las resoluciones dictadas por este tribunal”, añaden.
El documento remitido al Supremo recalca que “resulta ineludible que a la mayor brevedad posible se requiera a los guardias civiles para que aporten a las actuaciones el informe sobre la investigación patrimonial realizada a Cerdán”.
“No existe otra alternativa” para reparar el daño
Bajo el epígrafe “NO EXISTE OTRA ALTERNATIVA”, la defensa afirma que “no existe otra alternativa para subsanar esta situación. No le es posible a esta parte acudir a la protección civil de los derechos de la persona de nuestro representado porque la mayoría de las publicaciones se limitan a reproducir bajo la técnica del llamado reportaje neutral las afirmaciones contenidas en atestados y resoluciones judiciales”.
Como ejemplo, los letrados recuerdan que en el auto por el que se acordó el ingreso en prisión provisional de Cerdán el pasado mes de junio —del que salió en libertad en noviembre— se recogía que éste “podría haber recibido al menos 4.500.000 euros”. “Esta manifestación contenida en una resolución judicial debe ser o confirmada por la Policía Judicial o expresamente descartada pero no puede quedar en el aire, sin más concreción o confirmación”, reprochan.
En la misma línea, señalan que los investigadores atribuyen a Cerdán la titularidad del 45% de la sociedad Servinabar, a la que consideran una pantalla para canalizar sobornos vinculados a adjudicaciones de obra pública. “Más allá de que hayamos negado la titularidad de ese porcentaje atribuido por la fuerza actuante y el instructor, tampoco es cierto que Servinabar sea una empresa pantalla”, insisten.
En uno de sus últimos informes, la UCO sostiene que Cerdán y su “entorno familiar” se habrían beneficiado de Servinabar —una de las mercantiles que habría sido favorecida en los presuntos amaños de contratos de obra pública que examina el Tribunal Supremo— mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres de viviendas y el uso de una tarjeta de crédito.