La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado este martes las candidaturas para liderar las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), proponiéndolas nuevamente para el Pleno del próximo 23 de julio, en un esfuerzo por resolver el estancamiento de estos nombramientos antes de considerar a nuevos candidatos.
De acuerdo con fuentes del órgano judicial, las nominaciones ratificadas incluyen a Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta para la Sala de lo Penal, y Pilar Teso y Pablo Lucas para la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló, había devuelto anteriormente la propuesta de nombramiento a la Comisión de Calificación el pasado 7 de mayo, interpretado por ambos sectores políticos como una estrategia para prolongar las negociaciones.
Este sería el tercer debate en Pleno sobre este tema, pero el primero en ser votado. Las votaciones anteriores concluyeron sin cambios, con el apoyo dividido entre los diez vocales del sector progresista a Ferrer y Teso, y los diez conservadores a Martínez Arrieta y Lucas, además del voto en blanco de Perelló.
Las fuentes del CGPJ sugieren que la intención de Perelló es llevar estos nombramientos nuevamente a Pleno para facilitar su aprobación antes de finalizar el periodo judicial actual.
Según las fuentes, los dos bloques mantienen sus posturas iniciales. Desde el sector conservador ven complicado llegar a un acuerdo, aunque reconocen que las circunstancias podrían cambiar inesperadamente hasta el último momento.
Desde el sector progresista, creen que agrupar estos dos cargos con otros nombramientos significativos podría ofrecer un margen para la negociación.
Si persiste la falta de acuerdo, se espera que en el Pleno del 23 de julio se declare la convocatoria para ambas presidencias como desierta, lo que requeriría una nueva convocatoria que permita la repetición de estos candidatos y la inclusión de nuevos aspirantes.
El papel de estas presidencias es crucial, pues la Sala de lo Penal se encarga de procesar y, potencialmente, juzgar a individuos aforados, incluyendo miembros del Gobierno y otros altos cargos; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo supervisa la legalidad de las decisiones del Ejecutivo.
El debate sobre cómo implementar la paridad en estos nombramientos sigue sin resolverse, con opiniones divididas sobre si se debería evaluar caso por caso o considerar la trayectoria judicial completa.