El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no admitir la solicitud de Baltasar Garzón para anular los acuerdos de 2012 que resultaron en su expulsión de la carrera judicial, argumentando una “carencia manifiesta de fundamento”. Estos acuerdos se tomaron después de que Garzón fuera inhabilitado por haber ordenado escuchas a los abogados de los principales implicados en el ‘caso Gürtel’.
El órgano de gobierno de los jueces comunicó que el Pleno del CGPJ tomó esta decisión basándose en que la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilitó a Garzón permanecerá en vigor hasta que no sea revisada o anulada por algún procedimiento legal.
El intento de Garzón por revertir su situación se apoyó en un informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 13 de julio de 2021, el cual indicó que la decisión del Supremo infringió los derechos fundamentales del exjuez.
Sin embargo, se mantendrá firme el acuerdo de la Comisión Permanente del 20 de febrero de 2012, confirmado posteriormente el 23 de febrero por el Pleno, que oficializó la pérdida de su posición en la judicatura, en cumplimiento de la sentencia del Supremo.
Garzón fue condenado por prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones, recibiendo, entre otras sanciones, una inhabilitación especial para ejercer como juez o magistrado durante once años.
Además, en agosto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó que se instara al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a compensar completamente a Garzón por la infracción de sus derechos fundamentales, según un documento al que tuvo acceso Europa Press.