Cinco antiguos trabajadores del centro para menores migrantes situado en un viejo hotel de Puerto de la Cruz, registrado el pasado martes por la Policía Canaria, figuran ahora como investigados, según han indicado fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.
En el marco de este dispositivo policial fueron arrestados inicialmente cuatro de ellos, que posteriormente han quedado en libertad.
La intervención se enmarca en la “Operación Cabila”, que permanece bajo secreto de sumario y está dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos malos tratos.
El recurso de acogida, con capacidad para más de un centenar de menores, forma parte de la red de centros gestionados por la ONG Quorum Social 77, una de las entidades que más fondos ha percibido de la comunidad autónoma para la atención de menores migrantes. Esta organización ya ha afrontado el cierre de dos dispositivos por orden judicial, uno en Arinaga y otro en Santa Brígida, además de un registro en Puerto del Rosario.
La causa judicial arrancó en septiembre de 2024 tras una denuncia presentada por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.