Este lunes, el juez Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional ha convocado a cinco antiguos dirigentes de ETA para ser interrogados acerca de su posible implicación en el asesinato de Jesús María Pedrosa Urquiza, concejal del PP en Durango, ocurrido el 4 de junio del año 2000.
Los exdirigentes de ETA que serán interrogados por videoconferencia incluyen a Ignacio Miguel Gracia Arregui, conocido como ‘Iñaki de Rentería’; Javier García Gaztelu, ‘Txapote’; Juan Antonio Olarra, ‘Juanvi’; Asier Oyarzabal, ‘Baltza’, y Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’.
Las declaraciones de otros cinco investigados, entre ellos Ainhoa Múgica, ‘Olga’, y Miguel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’, programadas inicialmente para el martes, han sido aplazadas, según fuentes jurídicas comunicaron a Europa Press.
Contexto del asesinato
El magistrado Alejandro Abascal, predecesor de De Jorge, inició la investigación tras aceptar una querella de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que argumenta que Pedrosa fue víctima de una «política de expulsiones forzadas del País Vasco» dirigida por la cúpula de ETA bajo amenaza de muerte.
El asesinato de Pedrosa, ejecutado de un tiro en la nuca mientras regresaba a su casa, no fue un hecho aislado sino parte de una estrategia terrorista persistente, según señaló el juez Abascal en su auto.
La política de expulsión y el asesinato
La querella presentada por DyJ ante la Audiencia Nacional busca investigar no solo el asesinato de Pedrosa, sino también las presuntas coacciones y amenazas terroristas como parte de una política extensa de expulsión forzada que, según estimaciones, afectó a entre 60.000 y 200.000 personas.
Según DyJ, el asesinato de Pedrosa fue un «crimen instrumental» para disuadir a otros de resistirse a estas políticas de expulsión. La asociación se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la «autoría mediata por dominio de los aparatos organizados de poder» para fundamentar su querella.