El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira (Valencia) ha decidido llamar a declarar como investigada a una trabajadora de la guardería de Algemesí cuya propietaria fue denunciada por malos tratos, con el objetivo de aclarar si pudo incurrir en alguna conducta omisiva respecto a los hechos que se están analizando en la causa, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En este procedimiento ya figuraba como investigada la dueña del centro, una mujer de 55 años que quedó en libertad tras su detención, pero con medidas cautelares de prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con los menores matriculados, así como de acudir a la guardería mientras se sustancia el proceso judicial.
El juzgado también le vetó el desempeño de cualquier trabajo, remunerado o no, que implique trato con menores durante la tramitación de la causa. La responsable del establecimiento está siendo investigada en una causa abierta por presuntos delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.
Según informó en su día la Policía, la propietaria fue arrestada a finales de enero por, presuntamente, zarandear, vejar, golpear y encerrar en estancias contiguas sin vigilancia a los niños, de entre nueve meses y tres años, que tenía bajo su cuidado en la guardería infantil.
De acuerdo con las informaciones difundidas, la detención se produjo a raíz de las denuncias del personal del centro, que advirtió de los posibles malos tratos. La empleada que ahora ha sido citada por el juzgado para declarar en calidad de investigada se encontraba de baja laboral en el momento en que se produjo el arresto de la dueña.
Según una información publicada por ABC, una trabajadora grabó durante cinco meses 21 videos que entregó a la Policía con los supuestos malos tratos, entre ellos empujones, obligar a un menor a comer mientras “le tapaba la boca y la nariz con la mano hasta hacerle sentir arcadas” o “pinchar a otro en el pie con una chincheta porque se quedaba descalzo”.
El magistrado solicitó a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remitiera los datos de identificación completos de los menores amparados por la resolución judicial y de sus progenitores.
La Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Algemesí se coordinaron para, una vez clausurada la guardería y filiadas las familias afectadas, ofrecerles alternativas que garantizasen la escolarización de los menores en otros centros.