Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha marcado un hito esta semana al ser el primero en su cargo en enfrentarse a un juicio en el Tribunal Supremo. Se le acusa de revelar secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid. García Ortiz podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión, doce años de inhabilitación y una multa superior a los 400.000 euros. El juicio, que constará de seis sesiones, ya ha visto completadas tres de ellas.
Entre los testigos de esta semana se cuenta a seis periodistas que cubrieron las negociaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía. Estas conversaciones giraron en torno a un ‘email’ del 2 de febrero de 2024, enviado por Carlos Neira, abogado del empresario, donde se ofrecía una confesión a cambio de evitar la cárcel.
EL SECRETO PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS
Los periodistas se acogieron a su derecho constitucional de no revelar sus fuentes, aunque tres de ellos confirmaron haber recibido el ‘email’ antes incluso de que el fiscal general lo tuviera. Jose Precedo, de ‘eldiario.es’, subrayó que había accedido a una gran cantidad de documentación ya desde el 6 de marzo, y que optaron por publicarla en fases.
Marcos Pinheiro, de ‘eldiario.es’, respaldó la declaración de Precedo, mientras que Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, mencionó que ya estaba informando sobre la situación en un chat de WhatsApp de su trabajo a las 21:54 del 13 de marzo.
Esteban Urreiztieta, de ‘El Mundo’, también testificó, señalando su desconocimiento sobre el ‘email’ del 2 de febrero, pero estaba al tanto de que González Amador había propuesto un acuerdo. Por su parte, González Amador y el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, declararon que aún había posibilidad de acuerdo la mañana del 13 de marzo.
Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, por su parte, aseguraron que las órdenes recibidas para investigar el caso eran legales y justificaron la revisión de los correos entre los implicados.
Finalmente, el propio González Amador lamentó que la supuesta filtración del ‘email’ le haya etiquetado como ‘el delincuente confeso del Reino de España’, complicando su situación legal y personal hasta el extremo de considerar opciones drásticas, aunque el presidente del tribunal desaconsejó tales acciones.