Varios colectivos de jueces han instado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a que realice una «reflexión» sobre el «daño» y «impacto constitucional» que podría implicar su permanencia en el puesto después de que el Tribunal Supremo respaldara su procesamiento por un supuesto delito de revelación de secretos en el caso que investiga la supuesta filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del juez Ángel Hurtado de procesar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, solicitando hasta 6 años de prisión para él. La Sala de Apelación, integrada por los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, rechazó el recurso presentado por la Abogacía del Estado en nombre de García Ortiz, aunque con un voto particular de Palomo.
Poco después de la decisión, Sergio Oliva, vocero de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, enfatizó la «situación de anomalía absoluta» que representa, a su parecer, la situación procesal de García Ortiz, a quien ha exigido «una profunda reflexión» sobre su futuro en el cargo.
Respondiendo a preguntas de Europa Press, Oliva subrayó la «paradoja» de que Ortiz sea «el superior jerárquico» del fiscal que actuará en el proceso. «Es absolutamente imprescindible que el FGE realice una profunda reflexión y pondere cuidadosamente el impacto constitucional que puede suponer seguir en el cargo y el ejercicio de su legítimo derecho a la defensa», señaló.
FJI: «EL SISTEMA JUDICIAL FUNCIONA»
Francisco Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), opinó que la situación de García Ortiz hace nuevamente pertinente la cuestión de si el fiscal general «puede seguir o no ejerciendo el cargo» tras «sentarse en el banquillo de los acusados», una imagen que, en su opinión, perjudica tanto al Ministerio Fiscal como a los dos fiscales que intervienen en el procedimiento, sobre quienes «siempre va a haber sospecha» de estar recibiendo «instrucciones» de Ortiz «para no acusarle».
Portillo afirmó que este proceso confirma que el sistema judicial «funciona» y que «todos somos iguales ante la ley». «El hecho de que podamos estar sentando en el banquillo a todo un FGE pone de manifiesto que el sistema de justicia español aun con todos sus deficiencias funciona, no hay nadie excluido de la aplicación de la ley», agregó en declaraciones a Europa Press.
A pesar de que la resolución del Supremo «confirma la existencia de indicios» contra el fiscal general, el presidente del FJI admitió que «la prueba directa de la comisión del delito parece que no se ha hallado», pero «habrá que esperar al juicio» para determinarlo.
JJPD VE «DIFÍCIL» APRECIAR UN DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS
Por su parte, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, considera «difícil» que se pueda establecer un delito de revelación de secretos dada la «circunstancia» de que la noticia «era conocida por varios medios de comunicación» antes de que llegara a manos del propio García Ortiz, por lo que «no se trataba» de un secreto.
«Tendrá que dilucidarse en el juicio oral si el FGE se limitó a cumplir con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que le encomienda informar a la opinión pública de asuntos de relevancia social, como la investigación por delito fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid», destacó en declaraciones enviadas a Europa Press.