La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo celebra este miércoles y jueves, 7 y 8 de enero, la vista oral contra seis procesados --O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L. y J.A.F.M.-- señalados por haber trasladado desde Colombia a España a siete personas con el objetivo de someterlas a explotación sexual. La celebración del juicio ya había sido fijada inicialmente para el mes de septiembre, pero entonces tuvo que ser aplazada.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, O.O.O.R. y A.K.P.N., que mantenían “una relación sentimental análoga a la conyugal”, se instalaron en la ciudad de Toledo.
Según el Ministerio Público, ambos, “no solo entre ambos acusados, sino también con el concierto y la colaboración, entre otros, de los también acusados J.J.R. y G.A.O.G.”, hermanos de O.O.O.R., pusieron en marcha un plan para obtener “un ilícito beneficio patrimonial procedente del ejercicio de la prostitución de mujeres, principalmente jóvenes originarias y residentes en la localidad colombiana de La Virginia”, municipio del que procedían O.O.O.R. y sus dos hermanos.
En mayo de 2019, en fecha no concretada, y siguiendo el reparto de tareas fijado por O.O.O.R., J.J.R., que entonces vivía en La Virginia, contactó con una amiga suya, B., a la que planteó la posibilidad de venir a España para ejercer la prostitución en un piso de Toledo del que disponía O.O.O.R., como vía para “sortear la precaria situación económica en la que se encontraban, tanto ella como su núcleo familiar”.
La propuesta aceptada por B. incluía que los acusados adelantaran los gastos del viaje: tramitación del pasaporte, billetes de avión de ida y vuelta entre Colombia y España, reserva de hotel a la llegada y la entrega de “1.000 euros en metálico en concepto de viático a fin de aparentar que disponía de los medios económicos para poder efectuar su entrada en España”.
A cambio, se le impuso un compromiso económico, calificado por los procesados como deuda, que la obligaba a entregar “la cantidad de tres mil euros a O.O.O.R. una vez que llegara a España y con el dinero que obtuviera con el ejercicio de sus actividad como como prostituta”, suma que, según la acusación, era muy superior al coste real de los pasajes y demás gastos asumidos.
El mismo patrón se habría repetido con otras mujeres identificadas como B., C., D., E., G., H., J. y L., algunas de las cuales, para eludir los controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas, tuvieron que acceder al territorio español a través de Francia o Alemania.
Una vez en España, todas ellas se vieron obligadas a ejercer la prostitución no solo en el piso de Toledo, sino también en otros emplazamientos como Parla, Cuenca, Albacete o Algeciras.
Las víctimas recibieron instrucciones precisas sobre “cómo debían publicitar sus servicios como prostitutas” para generar ingresos con los que hacer frente a la supuesta deuda con O.O.O.R. y al pago del alojamiento en el piso, fijado por este en “150 euros semanales, cuantía “excesiva y desproporcionada” según la Fiscalía”.
Además, las mujeres tenían que enviar periódicamente dinero desde locutorios, siguiendo las indicaciones económicas marcadas por los acusados.
Paralelamente, la organización obtenía otra fuente de ingresos mediante “la venta de cocaína a aquellos clientes que lo demandaban durante el transcurso de los encuentros sexuales”. Para ello, O.O.O.R. contaba con “un aprovisionamiento suficiente de dicha sustancia estupefaciente y se aseguraba de que en cada vivienda dispusieran del suministro necesario”.
Denuncia de una de las víctimas y comienzo de la investigación
El 8 de diciembre de 2019, B. acudió por iniciativa propia y sin apoyo de terceros a la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Toledo para denunciar la situación que venía sufriendo, siendo atendida por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.
Tras una entrevista reservada y ante “la verosimilitud de su relato”, los agentes le tomaron declaración formal, preservando su identidad “bajo una nomenclatura como testigo protegido”, y le ofrecieron asistencia, que incluyó su derivación a un recurso residencial del Centro de la Mujer de Toledo. Desde allí fue enviada al Centro de Atención y Valoración Integral, donde ingresó el 9 de diciembre de 2019, dando lugar al inicio de una investigación policial que desembocó en el procedimiento judicial actual.
Registros domiciliarios y hallazgo de cocaína
El 10 de marzo de 2020, a primera hora, y en virtud de resolución judicial dictada por el titular del Juzgado de Instrucción n.º 7 de Toledo, se llevó a cabo un registro en una de las viviendas investigadas. En su interior se encontraban la acusada G.A.O.G., su hijo L. y otras dos mujeres.
Al advertir la irrupción policial, G.A.O.G. se dirigió apresuradamente a uno de los baños para deshacerse de varias dosis de cocaína que guardaba en su habitación, arrojándolas al inodoro. Sin embargo, una dosis quedó flotando y otra cayó al suelo, siendo localizadas por una agente. El análisis posterior determinó que ambas sumaban “0,85 gramos de cocaína”.
En el dormitorio de G.A.O.G. se encontró otra dosis preparada de forma similar, con “0,28 gramos” de la misma sustancia, una báscula de precisión y “155 euros distribuidos en billetes”.
Casi al mismo tiempo se registró la vivienda donde residían habitualmente O.O.O.R., A.K.P.N. y J.J.R., en la que también se encontraban H. y la acusada L.M.M.L. Allí se intervino, en un mueble del dormitorio de O.O.O.R. y su pareja, una bolsa con “131,53 gramos de cocaína”, otra con recortes de plástico blanco para preparar dosis y “1.760 euros”.
Asimismo, se practicó un registro en una vivienda situada en Algeciras, donde se incautó, como elemento destacado, una balanza de precisión similar a la encontrada en el piso de Toledo.
Petición de penas de la Fiscalía
En su escrito, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados siete años de prisión por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso medial con un delito de explotación lucrativa de la prostitución ajena; un año de cárcel por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; y cuatro años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública.
El Ministerio Público considera que “todos los acusados responden como coautores de todos y cada uno de estos delitos”.