La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife inicia este jueves, con un tribunal de jurado, el enjuiciamiento de la primera de las tres piezas del “caso Mediador”, centrada en la supuesta red de sobornos vinculada a la instalación de placas fotovoltaicas en las islas.
Según el escrito de acusación recogido por Europa Press, la Fiscalía reclama una condena de un año de prisión por un presunto delito de cohecho para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.
Está previsto que la vista oral se prolongue durante cuatro días, reservándose la sesión inaugural a la exposición de las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y las defensas.
El Ministerio Público sostiene que Bautista contactó con Navarro Tacoronte por los supuestos vínculos que este decía tener tanto en el ámbito empresarial como en la administración pública del archipiélago, presentándose como una persona “integrada” en el Gobierno regional, aun cuando sabía que “carecía” de cualquier representación o cargo en el Ejecutivo autonómico.
De acuerdo con la Fiscalía, Navarro ofrecía la posibilidad de cerrar contratos con entidades relevantes del tejido empresarial y aseguraba poder facilitar la obtención de subvenciones para la compañía de Bautista, además de promover “lucrativos contratos” con la administración pública.
Para afianzar la confianza de los empresarios, a quienes reclamaba “comisiones, dádivas o regalos”, organizaba reuniones con figuras influyentes del entorno político y económico, entre ellas el general de la Guardia Civil, que habría actuado en connivencia con Navarro, aprovechando que durante cuatro años fue una de las principales autoridades del instituto armado en Canarias.
Algunas de estas reuniones se celebraron en la Península con el objetivo de convencer a Bautista y proyectar una “imagen de seriedad y poder”, de forma que este llegara a creer que “accediendo a las exigencias, pagos y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas”.
Estos encuentros tenían lugar habitualmente en restaurantes, donde el empresario “siempre asumía el pago de los gastos”, remarca la Fiscalía. A partir de ahí, comenzaron los primeros obsequios al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, así como regalos al mediador y diversos viajes.
Contratar al general tras su jubilación
Con el paso del tiempo, las demandas del general y del mediador se fueron incrementando, incluyendo la colocación de determinadas personas en las sociedades de Bautista —en concreto, la pareja del general con un salario mensual de 3.000 euros— e incluso la promesa de incorporar al propio general a la plantilla cuando se retirara.
Además, el empresario habría llegado a entregar casi 20.000 euros en sobres y en metálico al general y al mediador como contraprestación para impulsar sus intereses empresariales.
Para “impresionar” a los potenciales empresarios a los que pretendían sumar a la trama, las citas se celebraban en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y también en el Congreso de los Diputados, donde eran recibidos por el actual exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, investigado en otras piezas del caso.
Consta igualmente para la Fiscalía que Bautista costeó al general y a una acompañante un viaje a Canarias, sufragando el hotel, el coche de alquiler y una cantidad adicional de dinero en efectivo.
El empresario llegó a presentar hasta cuatro propuestas para la instalación de placas fotovoltaicas a ganaderos de Fuerteventura, si bien ninguna de esas operaciones llegó finalmente a materializarse.