La Audiencia Nacional ha exonerado al comisario José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo de las acusaciones relacionadas con la intervención solicitada en 2011 por el empresario José Moya. Este encargo tenía como objetivo solucionar un desacuerdo de éste con Martinsa-Fadesa y con Fernando Martín, su presidente, para recuperar una inversión de cien millones de euros en la empresa inmobiliaria.
Según la sentencia, tanto Villarejo como Redondo han sido absueltos de los cargos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos a terceros, cometidos por Villarejo en su función como funcionario público, y de falsedad en documento mercantil.
En el proceso, la Fiscalía argumentó que Villarejo «aprovechó su condición policial» para llevar a cabo el encargo, solicitando una pena de 23 años y 6 meses de prisión para el comisario retirado y 18 años y 9 meses para Redondo.
Villarejo defendió su inocencia alegando que no hay «la más mínima prueba» de los hechos, describiendo las acusaciones como una «construcción artificiosa» y alegando que se trataba de una «actividad puramente privada».