La Comisión Europea cuestiona en el TJUE la amnistía por estar vinculada a un acuerdo político

Ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la Comisión Europea ha expresado sus reservas el martes sobre si la ley de amnistía persigue realmente un fin de interés general, al señalar que «es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España». Además, ha señalado que su procesamiento acelerado ha profundizado la división en la política, las instituciones y la sociedad de España, ignorando las sugerencias de entidades asesoras como la Comisión de Venecia.

Durante la sesión judicial sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que busca aclarar la responsabilidad fiscal de Carles Puigdemont y otros por el uso de fondos públicos en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en apoyo al ‘procés’, el abogado de la Comisión revisó las directrices previamente enviadas. En ellas, calificó la ley como una «autoamnistía», crucial para la investidura de Pedro Sánchez y dependiente de los votos de los beneficiados.

Carlos Urraca Caviedes, en su intervención en Luxemburgo, comentó: «No parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación». Según él, las autoamnistías que buscan proteger la inmunidad jurídica de los políticos son contrarias al Estado de Derecho.

Además, Urraca Caviedes subrayó que la proporcionalidad requiere que la amnistía sea adecuada para lograr un fin legítimo y que corresponde al Tribunal de Cuentas evaluar si la ley respeta la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.

Finalmente, expuso que el TJUE debe supervisar estas cuestiones ya que, aunque los Estados mantengan ciertas competencias, deben ejercerlas respetando el derecho comunitario. Alertó sobre el plazo de dos meses para decidir sobre la aplicación de la amnistía, lo cual podría comprometer la capacidad de los tribunales para asegurar la correcta aplicación del derecho de la Unión y ofrecer protección efectiva.